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Extracción petrolera y minera, bajo las alertas ambientalistas

La refinería de Esmeraldas produjo, entre enero y octubre de este 2021, 12,1 millones de barriles de "fuel oil". Foto: archivo / EL COMERCIO

El anuncio del presidente Guillermo Lasso sobre el descubrimiento de petróleo y gas en el pozo de exploración Jandaya-1, del bloque Perico, en Sucumbíos, despertó las alertas para los ambientalistas. Ellos miran que estas actividades extractivas se desarrollan con poca participación de las comunidades involucradas.

Humberto Freire, miembro del colectivo de Geografía Crítica, apunta que la comunidad puruhá cercana al bloque Perico ha expresado su malestar en torno a la explotación petrolera, ya que no han sido sometidos a una consulta previa que les permita tomar una decisión sobre esta intervención.

“No creemos que pueda haber una explotación responsable cuando existe toda una historia de problemas con las grandes petroleras y su impacto ambiental. Sin ir tan lejos, no conocemos el estado de lo que está ocurriendo en los campos 16 y 67 que acaba de dejar Repsol”, señala Freire.

También preocupa el bloque 43 (ITT). En agosto del 2021, nuevas imágenes satelitales demostraban que había una nueva plataforma petrolera a tan solo medio kilómetro de la zona de amortiguamiento; en el 2020, se divulgaron imágenes de una carretera hacia la Zona Intangiblede Yasuní.

Esto hizo que la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador presente, en septiembre, una demanda de medidas cautelares ya que la creación de una carretera tan cercana a los pueblos aislados resultaría en cambios violentos a sus actividades como la caza.

Paralelamente, el colectivo Yasunidos obtuvo la aceptación de la Corte Constitucional de una acción de protección, que pudiera devenir en una consulta popular sobre la extracción en el Yasuní.

La minería, a revisión

En este año se proyecta que se destinen USD 519 millones para inversiones en proyectos mineros. Esto forma parte de un ambicioso plan de gobierno en el cual la minería se convertirá en uno de los motores económicos del Ecuador.

El avance de los proyectos mineros tiene voces a favor y en contra. Para Yaku Pérez, excandidato presidencial, las inversiones mineras promovidas por el Gobierno no están alineadas del todo con el marco jurídico vigente, sobre todo en elementos como la consulta previa a las comunidades. Además, solo representa una fuente de trabajo para menos del 1% de la población económicamente activa, por lo cual no la ve como generadora de más empleo en el país.

Los últimos datos del Banco Central señalan que “crearon un total de 27 876 empleos”.
Byron Andrade, profesor de seguridad minera de la U. Internacional SEK, sostiene que hay efectos positivos. “Tienen duración de más de 10 años. Eso significa que por períodos a mediano y a largo plazo están garantizando fuentes de empleo y circulación del dinero en el área de influencia, tanto directa como indirecta”, sostiene.

Varias comunidades se han opuesto a la minería. Uno de los casos que deberá resolverse en los próximos días en esta línea es el proyecto Llurimagua, en la zona de Íntag, cuyos comuneros han rechazado las exploraciones de cobre.

Desde el 2016, analizan la flora y fauna para conocer el estado de protección de este territorio. Andrea Terán Valdez, coordinadora de proyectos del centro Jambatu, cuenta que han podido explorar cerca de un 10% de la zona a ser intervenida. Ya han podido encontrar una especie nueva de rana y también redescubrir otro anfibio que anteriormente fue declarado extinto. Esto demuestra que existe un alto nivel de endemismo de especies en esta localidad, las cuales podrían verse amenazadas.

Andrés Terán, abogado especialista en materia minera, explica que frente a estos escenarios es prioritario que el Estado realice la respectiva consulta previa a las comunidades. “Sin embargo, esta no garantiza que la actividad minera vaya a ser responsable”, dice.