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3 demandas de inconstitucionalidad y 2 derogatorias tiene reforma tributaria

La Ley Orgánica para el desarrollo económico suma tres demandas de inconstitucionalidad y dos pedidos de que sea derogada. Foto: Cortesía

La Ley Orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del covid-19 suma tres demandas de inconstitucionalidad y dos pedidos de que sea derogada, tres semanas después de que fuera publicada en el Registro Oficial.

Las dos últimas acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas este lunes 13 de diciembre de 2021. Una, por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, junto a legisladores de Pachakutik, y otra por el partido Unidad Popular.

Hace dos semanas hizo lo propio el excandidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, al presentar la primera acción contra la reforma tributaria por errores de fondo y forma, según dijo.

En declaraciones a la prensa, Iza argumentó que esta norma provocará efectos negativos que “van a ser muy lesivos frente a la crisis económica devenida luego de la pandemia del 2019”. 

Apuntó que no están de acuerdo con la tabla tributaria, que incrementará el Impuesto a la Renta a quienes reciben una remuneración mensual que supera los USD 2 000 y también un mecanismo para la “legalización de los recursos que están en paraísos fiscales o capitales oscuros que vienen desde el extranjero”

Además, “no podemos aceptar, como una cuestión normal, que a través de estas leyes se garanticen más derechos a las privatizaciones de las empresas mineras y petroleras”, sostuvo.

Junto con Iza suscribieron esta acción sus asambleístas afines del movimiento Pachakutik Mario Ruiz, Peter Calo, Joel Abad y Mireya Pazmiño. A su vez, solicitaron a la Corte que hasta que resuelva esta causa suspenda las disposiciones demandadas, es decir, los artículos 2, 23, 25, 27, 40, 43, 133, 139, 114 y la Disposición General Séptima de la norma.

Otra demanda de inconstitucionalidad fue presentada por los dirigentes del Frente Popular, Giovanni Atarihuana y Nelson Erazo, a pesar de los otros dos pedidos.

“Es una ley que no resuelve los problemas, al contrario, los agrava”, dijo Atarihuana. “Al final del día todas las demandas van a tener que ser unificadas por los jueces constitucionales… y todos estaremos defendiendo lo mismo”, acotó.

Trámite

En cuanto al procedimiento, el constitucionalista Emilio Suárez explicó que “una vez presentada la demanda, esta pasa por una fase de admisión que puede llegar a tomar hasta unos tres meses y luego viene la fase de sustanciación que puede tomar, más o menos, unos tres años”.

“Estos plazos pueden saltarse si es que el Pleno de la Corte resuelve saltar el orden cronológico de los casos y, por lo tanto, darle prioridad a la resolución de este tema; esto ya queda a criterio interno de la Corte; generalmente no suele hacerlo en acciones de inconstitucionalidad, más se han enfocado en saltar el orden cronológico en acciones extraordinarias de protección”, apuntó.

Derogatorias

A nivel de la Asamblea, hay dos propuestas de derogatoria a esta Ley impulsadas por asambleístas de Pachakutik y el correísmo, que aguardan por su calificación a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

Según el vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), si reúnen los requisitos, el trámite de estos proyectos tomará entre seis y ocho meses; y, en caso de ser aprobados, deberán ser remitidos al Ejecutivo para sus observaciones.

“Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad de este país, lo que más queremos es que haya reglas predecibles, que la Constitución se respete y que, por supuesto, las organizaciones políticas puedan ejercer sus derechos a cuestionar aquello que no estén de acuerdo, pero con la Constitución en la mano”, reaccionó el ponente de la reforma tributaria, Francisco Jiménez (Creo).

El presidente Guillermo Lasso, en una entrevista la semana pasada, defendió la promulgación de esta reforma en el Registro Oficial, que se dio el 29 de noviembre como Decreto-Ley, después de que la Asamblea no logró aprobar, modificar ni negar el proyecto en los 30 días de plazo que tenía. Además, remarcó que el Ejecutivo tiene una facultad privativa en materia de impuestos.

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