Una inspección se realizó la mañana de ayer, miércoles 7 de julio del 2021, en las piscinas del relleno sanitario El Inga que albergan los lixiviados que se producen de los desechos que llegan de la capital. En la visita intervinieron los técnicos de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), el Ministerio de Ambiente, el concejal Omar Cevallos, así como los dirigentes de las cuatro comunidades asentadas en los alrededores del lugar: Itulcachi, El Belén, Santa Ana y El Inga Bajo.
Jorge Pineida, presidente de Itulcachi, se quejó por el mal manejo de los lixiviados que afectan a los 10 000 habitantes de la zona. Dijo tener videos y fotografías en las que se observa cómo esos residuos son arrojados en el río Inga, provocando daños ambientales muy graves.
“Nos merecemos respeto, pero nadie da razón u oídos. La pestilencia es insoportable en nuestros pueblos. Sabemos que aquí se producen cerca de 700 metros cúbicos de lixiviados cada día y se da tratamiento a 300 ¿qué se hace con el resto?”, acotó el dirigente.
Leonel Ramírez, presidente de El Inga bajo, indicó que hay malestar entre los vecinos de esos sectores por la falta de atención. Para Daniel Alquinga, directivo de Santa Ana, las comunidades aledañas al relleno han sido olvidadas por el Municipio y la Emgirs debería trabajar por lo menos con el 80% de quienes viven allí. “No se crean fuentes de empleo para nosotros”.
Omar Cevallos aseguró que está al tanto de todas las denuncias realizadas por los dirigentes de la zona. “Hay especulaciones de un lado y otro, pero realmente no sabemos qué ha sucedido en el relleno sanitario, ni con el manejo de lixiviados y la construcción del cubeto 10”.
Mostró preocupación por los problemas que denuncian los moradores de Itulcachi, El Belén, Santa Ana y El Inga Bajo. A su criterio, el Ministerio de Ambiente ahora tendrá que analizar cada una de esas inquietudes y luego tomar una decisión.
Carlos Velasco Enríquez, gerente de operaciones de Emgirs, manifestó que los lixiviados es un tema histórico que viene desde el 2013. Apuntó que ninguna de las 11 piscinas se encuentran llenas y trabajan al 80% de su capacidad. “(Las aguas) se están tratando y queremos desvirtuar que se están botando a la quebrada”.
A su juicio se debe analizar la veracidad de los videos que presentaron los comuneros de la zona y luego establecer las responsabilidades. Considera que en la actualidad se requiere una empresa privada que trate los lixiviados. Hasta el momento, el proceso de contratación se subió al portal de compras públicas y se espera la adjudicación para el 10 de agosto del 2021.
Fernando Moya, director de la zona 12 del Ministerio de Ambiente, indicó que la inspección de ayer fue de rutina. “Recibimos algunas alertas e inconformidades de la comunidad por lo que vinimos acá. Necesitamos tener evidencias técnicas y crear soluciones”.