Paola era una niña. Tenía 16 años y el 13 de diciembre del 2002 se quitó la vida. Una larga depresión, desatada por los ataques sexuales perpetrados por su vicerrector, fue deteriorándola.
18 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un fallo histórico y acusa al Estado ecuatoriano por no actuar frente a la violencia escolar que terminó en el suicidio de la menor.
Petita Albarracín tuvo que llevar el caso de su hija a instancias internacionales. Esta humilde madre nunca halló una solución en la justicia local. En el 2003, un año después de la muerte, hubo un dictamen acusatorio por presunto acoso sexual e instigación al suicidio contra el vicerrector, pero un juez negó la prisión preventiva del acusado.
Eso permitió que fugara. La orden de captura llegó recién un año después, pero nadie sabía en dónde estaba el vicerrector.
Entonces, el caso prescribió. ¡Una pena! Así actuó la justicia: lenta y tardía.
Hoy, las normas han cambiado. Los delitos sexuales en contra de menores de edad no prescriben. ¡Enhorabuena!
Pero es necesario hacer un monitoreo permanente de lo que sucede en las aulas.
También es urgente hacer un seguimiento a los casos que entre el 2017 y el 2018 llegaron a las oficinas de la Fiscalía.
No es suficiente que al calor de lo que ocurría entonces hayan aparecido políticos para posar ante las cámaras, presentar carpetas llenas de documentos y olvidarse del tema. Sí. Luego este Diario preguntó a los mismos denunciantes y no sabían de los expedientes.
Unos dijeron haber pedido que se investigara a 40 autoridades de educación que estarían involucradas, en distintos niveles, en los casos de abuso sexual en contra de menores.
Otros presentaron 385 casos documentados en las aulas escolares a escala nacional.
La Fiscalía también está en la obligación de decirle al país qué pasó con estas quejas.
¿Han avanzado? ¿Están estancadas? ¿Fueron desechadas? Que no se repita jamás el caso de Paola. La autoridad tiene que actuar.