Es penoso ver la forma en que el Gobierno maneja un tema tan sensible, como la crisis en las cárceles. Mientras un sector del oficialismo pide que los militares controlen las puertas de ingreso a las penitenciarías y asegura que esta tarea será asignada como un encargo especial, el Ministerio de Defensa toma distancia y basa su negativa en la Constitución.
De hecho, el artículo 158 de esta normativa delega la seguridad interna del país a la Policía y no a las Fuerzas Armadas. ¿Analizaron esta disposición constitucional antes de lanzar pedidos públicos? ¿Por qué no hay una idea consensuada dentro del Ejecutivo?
Es imperante una intervención unánime en las cárceles. El hacinamiento bordea el 42%. La población carcelaria se triplicó en 10 años. El 40% de los internos en los centros de menores son adultos. En 17 meses se han perpetrado 26 asesinatos. ¡Increíble!
En plena vigencia del pomposo estado de excepción, en la Penitenciaría del Litoral mueren violentamente dos personas y ayer se escapan tres reos de ese mismo lugar.
El sistema urge de 2 000 celadores. No todo el personal tiene chalecos, gas, toletes, pistolas eléctricas. Ante el ataque de los detenidos, los guías prefieren retroceder.
Hay mafias en las penitenciarías. Pero ni eso se ponen de acuerdo las autoridades.
La Dirección de Rehabilitación, es decir, la autoridad carcelaria, habla de dos mafias que provocan violencia extrema por tomarse el poder de ciertos espacios. Pero el Ministerio de Defensa advierte que son siete bandas.
¿Quién dice la verdad? o ¿Nadie sabe lo que sucede exactamente dentro de las celdas?
El estado de excepción, emitido el 16 de mayo, dispone mover hacia los centros de rehabilitación a todas las entidades de la administración pública. Muevan al Ministerio de Educación y a las universidades. Solo el 1% de los 40 000 presos cursa estudios superiores.
Hagan que el Ministerio de Salud se inmiscuya en esto. En Guayaquil hay un complejo penitenciario con 17 000 internos, pero no existe ni un centro médico básico. Actúen.