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Peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y perjurio. Estos son los delitos que investiga la Fiscalía sobre la red de corrupción de Petroecuador.
La Fiscalía investiga la presunta red de corrupción en la empresa estatal Petroecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
En total existen 18 procesos judiciales abiertos y más de 80 personas investigadas, entre exfuncionarios, contratistas y sus familiares. De estos casos, seis están en instrucción fiscal, que es la fase pública, y el resto son expedientes reservados ya que se encuentran en indagación previa. Así lo confirmó la Fiscalía, este miércoles 28 de diciembre de 2016.
El caso Petroecuador inició a partir de la publicación de los Panama Papers, documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en abril pasado.
Después de que se divulgaran los nombres de ‘offshores’ constituidas por ecuatorianos en ese país se abrió una investigación en contra de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador. El 16 de mayo fue detenido en Quito y, en un primer momento, se lo procesó por presunto tráfico de influencias.
El fiscal Franklin Bravo, quien llevó el caso, aseguró que el exfuncionario benefició a las empresas Multiservicios Valdi (Multival), Nolimit y MMR Group con la suscripción de contratos, que sobrepasaron los USD 44,7 millones y estaban relacionados con la Refinería de Esmeraldas. En estas empresas trabajaban sus familiares y amigos.
Esta investigación no prosperó porque la Fiscalía cambió el delito de tráfico de influencias por enriquecimiento ilícito, que tiene una pena más alta.
Tres meses después fue detenido Javier B., accionista de la empresa Oil Services & Solution. Su arresto se dio en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, cuando intentaba salir del país con USD 33 000 en efectivo. En este caso, la Fiscalía presentó cargos en contra del empresario por supuesto cohecho. Entre las pruebas se presentó transferencias por USD 600 000 de una cuenta de la ‘offshore’ Arkdale, relacionada con los hermanos Jaime y Juan B. y constituida en las Bahamas, a una cuenta de Girbra, empresa panameña de Bravo.
A finales de octubre, el fiscal Jacinto Tibanlombo vinculó a este caso a 17 personas. Entre estas a Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador, su exasesor Arturo E., su hijo Carlos P., su hermana Rosa P.
También fueron procesados Bravo, su esposa, su madre y su padrastro y directivos de las empresas Galileo Energy, Tecnazual y MMR Group: todos contratistas con la estatal petrolera. La Asistencia Penal Internacional de Panamá confirmó que Pareja y Bravo recibieron USD 11,7 millones a través de las cuentas bancarias de sus ‘offshores’. Este dinero provenía de 11 compañías y tres contratistas.
En noviembre y en este mes se dieron los dos últimos operativos. Marco Calvopiña, otro exgerente de Petroecuador, fue detenido junto con un exfuncionario, Dieto T., y el contratista Eduardo V.
Contra ellos existe un proceso por supuesta delincuencia organizada. Mientras que en el operativo ‘Navidad’, del 26 de diciembre pasado, fue arrestado el abogado Ernesto W., procesado por supuesto lavado de dinero. En este caso, hay una orden de prisión contra Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum.
EL COMERCIO DATA levantó la información disponible sobre los 18 casos abiertos para que pueda conocer en qué estado están y los sospechosos relacionados con cada proceso.