Un grupo de trabajadores volvió a los exteriores del Hospital Neumológico de Guayaquil. El 20 de noviembre de 2018, un juez dispuso la reapertura de esta casa de salud en un plazo de cinco días. En febrero, otra sentencia fue favorable al Ministerio de Salud. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO
El rótulo con su nombre ha sido retirado. El Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela de Guayaquil luce abandonado desde su cierre, hace casi un año. Pero una nueva sentencia dispone la reapertura de este centro médico, especializado en la atención de pacientes con tuberculosis y otras enfermedades pulmonares.
El martes 20 de noviembre de 2018, el juez Roberto Angulo Lugo aceptó la acción de protección presentada por el Sindicato Unitario de Trabajadores y el Sindicato General de Obreros de esta casa de salud.
En su sentencia da un plazo de cinco días para la reapertura del servicio de salud y la restitución de sus trabajadores.
“Aquí estaremos el miércoles para que, con un proceso adecuado, se dé la reapertura de todo el hospital y haya condiciones para recibir a los pacientes”, dice Bolívar Merchán, miembro del sindicato.
La disposición judicial dejaría sin efecto la resolución del 8 de diciembre de 2017, cuando la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) ordenó la clausura del Neumológico por supuestos problemas sanitarios. Tras una inspección detectaron plagas, falta de equipos de protección, insalubridad…
En julio pasado, autoridades de la provincia plantearon transformar al Neumológico en un sitio de tratamiento de adicciones. Incluso indicaron que USD 13 millones serían suficientes para ponerlo a operar, pero el plan no se concretó.
Este viernes 23 de noviembre de 2018 parte de los 247 los trabajadores volvieron a los exteriores del hospital. Stalin Merchán, secretario general del Sindicato de Unitario de Trabajadores, asegura que varios equipos han sido retirados, lo cual dificulta su puesta en marcha. “Se llevaron el caldero que costó alrededor de USD 70 000. Incluso se han llevado las tuberías de oxígeno”.
Para el Ministerio de Salud Pública, esta última sentencia no tiene efectos jurídicos. En un comunicado explica que el juez Angulo se tardó diez meses en tomar una resolución y que existe una sentencia previa, emitida el 7 de febrero de 2018 por la jueza María Soledad Moreno.
“Al no encontrar violación alguna de derechos, declaró sin lugar, por improcedente, la acción de protección con medidas cautelares presentada por la Asociación de Ayuda Mutua Martha Gutiérrez, en contra del Ministerio de Salud Pública y la Acess”, cita el documento de Salud.
En el reciente dictamen, el juez Angulo afirma que “ha quedado en evidencia la vulneración de los derechos constitucionales”, en relación a la atención a los pacientes y el trabajo de médicos y colaboradores, quienes fueron reubicados en otros centros de salud.
La asambleísta Poly Ugarte se unió a la manifestación de los trabajadores y cuestionó el manejo de los recursos públicos en salud. “Hay que preguntarle al Ministerio de Salud por qué no ejecutó casi USD 700 millones del presupuesto codificado. ¿Qué paso con ese dinero, por qué no reabrieron este hospital, porqué no dan medicinas para enfermedades catastróficas?”.
El Alfredo J. Valenzuela atendía entre 200 y 300 pacientes por consulta externa; los usuarios ahora asisten a un dispensario habilitado junto al Hospital de Infectología. Y tenía capacidad para 100 usuarios en el área de hospitalización; ahora cuentan con una sala en el Hospital General Guasmo Sur.
Carlos Rodríguez es coordinador de la Asociación Martha Gutiérrez y asegura que varios pacientes con tuberculosis han denunciado la falta de medicamentos. “Les han dicho que, supuestamente, solo hay stock hasta principio de diciembre. Les han suprimido algunas medicinas de sus tratamientos”.
En la sentencia de esta semana se delegó a la Coordinación Zonal de la Defensoría del Pueblo para garantizar el cumplimiento del fallo. El Ministerio de Salud informó que, “ante esta inseguridad jurídica”, presentará una apelación, una queja y un pedido de recusación contra el juez. La Acess también planteó un recurso de aclaración y ampliación.