Tras la reunión con el presidente Guillermo Lasso, algunos rectores de universidades del país se mantienen optimistas. El jueves 17 de junio del 2021 se anunció que en la segunda semana de julio se presentará una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
El encuentro fue un buen comienzo para el diálogo, dijo el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Fernando Ponce. “Esperamos que pronto nos llegue algún borrador o propuesta concreta porque todos coincidimos en la necesidad de reformar la LOES y mejorar la educación superior”.
Asimismo, el rector de la PUCE señaló que por el momento únicamente se ha hablado de ideas generales, por ejemplo, de la necesidad de reformas legales para permitir el acceso de más jóvenes a la educación superior. “No hubo una conversación específica sobre los instrumentos para eso como el presupuesto”.
El Primer Mandatario enfatizó en la importancia de que las universidades puedan crear extensiones, carreras y modalidades con mayor libertad; y de que los jóvenes puedan elegir la carrera de sus sueños.
Lasso dijo que el objetivo es cambiar el panorama actual, en el que cerca de 200 000 bachilleres se gradúan cada año y solo hay 90 000 cupos en las universidades. También criticó que en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) estén represadas 500 solicitudes para nuevas carreras.
El mensaje de autonomía dado por el Presidente es importante, señaló el vicepresidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior (Asesec), Joaquín Hernández. “Nos han obligado a burocratizar todo, a hacer a los profesores llenadores de papeles”.
Además, Hernández señaló que, en la reunión, el titular de la Senescyt, Alejandro Ribadeneira, les dijo que en los próximos días hará una presentación del Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) para que se conozca cómo está distribuido.
Los rectores también fueron informados de que la Senescyt está en diálogos con el Ministerio de Finanzas para que las universidades no deban pagar IVA en sus compras. Hernández explicó que están exentos de ese impuesto, pero deben pagarlo y hacer un largo trámite para que sea devuelto. “Eso dura de uno a tres años y afecta la liquidez de las universidades”.
Asimismo, se habló de trabajar para que los fondos de autogestión que consiguen las universidades puedan ser utilizados sin pasar por una serie de mecanismos burocráticos, dijo el vicepresidente de la Asesec.