Productores de textos escolares dicen atravesar una crisis económica que amenaza con su desaparición. Foto: Archivo/ Diego Pallero/ EL COMERCIO.
Representantes de las industrias relacionadas con la producción de libros, sector editorial y gráfico pidieron al presidente Lenín Moreno que declare que en emergencia a este sector, que provee de textos escolares a las instituciones públicas.
A través de un comunicado, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi) informó sobre el pedido. El sector -dice el documento- genera aproximadamente 150 000 fuentes de empleo directo.
Actualmente -informaron- atraviesan una crisis económica que amenaza con su desaparición, no solo por la paralización productiva sino también por las recientes decisiones gubernamentales.
“Las imprentas que han participado en las subastas inversas para la impresión de 15 millones de textos escolares para los regímenes Costa, Sierra y Amazonía se sienten perjudicadas porque se les ha pagado con bonos del Estado, los cuales son muy difíciles de negociar en la bolsa de valores, generando una cadena de iliquidez para las imprentas; amenazando la estabilidad económica de talleres, proveedores de papel e insumos gráficos, editores y, sobre todo, de los trabajadores y sus familias”, se lee en el comunicado.
En la compra hecha por el Ministerio de Educación -dice Capeipi- se ahorró el 25% del valor presupuestado, en la impresión de dichos textos. La industria gráfica y editorial también alerta que la falta de pago afectará a los estudiantes que no contarán con el material educativo.
El sector envió una carta dirigida al presidente Moreno y a varios ministros de Estado como Monserrat Creamer (Educación), Iván Ontaneda (Producción), Richard Martínez (Economía), Juan Fernando Velasco (Cultura). En ella solicitan que el pago de dichos contratos se realice en efectivo y no en bonos.
La decisión del Ministerio de Educación de suspender el inicio de clases en el régimen Costa también afecta a este sector productivo, aseguran, ya que existen más de 10 millones de textos escolares, cuadernos de trabajo para el estudiante y miles de guías didácticas impresas para los docentes que, al no ser entregados, se convertirían en desecho. “Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha dispuesto alternativas para el uso de este material, que le ha costado cientos de miles de dólares al Estado”.
El presidente del Sector Gráfico de la Capeipi, Mauricio Miranda, en coordinación con la Asociación Ecuatoriana de Editores de Libros de Textos, Asociación de Industriales Gráficos de Pichincha, Cámara Ecuatoriana del Libro, Núcleo de Pichincha y la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, también solicitan que se declare al libro y texto escolar como un producto prioritario y que se autorice su comercialización en librerías y papelerías.