“Siento que tengo una bomba de tiempo en el cuerpo. Tengo tres hijos y no quiero que me pase nada”, dijo Andrea Damonte en una reunión de mujeres con prótesis mamarias PIP, sospechosas de causar cáncer, en Buenos Aires, una meca para las cirugías estéticas en la región.
Menuda, con el cabello largo y rubio, esta instrumentista quirúrgica y docente de 44 años habla con la voz quebrada ante una veintena de mujeres que se autoconvocaron a través del blog “Afectadas PIP”, creado por Virginia Luna, abogada y también portadora de las prótesis, para dar una respuesta judicial al problema y además dar contención a las damnificadas.
“No puedo seguir con esta angustia. Estoy desorientada. Necesito unos 4 500 dólares para pagar el retiro de las prótesis y el recambio. No los tengo y tendría que endeudarme”, señaló Damonte a la AFP al margen del encuentro.
La ansiedad del grupo se remonta a abril de 2010, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la importación, comercialización, venta y uso de las prótesis fabricadas por la empresa francesa Poly Implant Protheses (PIP), luego de una decisión similar en Francia.
El organismo aconsejó además a las mujeres a hacerse controles periódicos y a los médicos a reportar la información sobre el seguimiento al ministerio de Salud.
Si bien no hay cifras oficiales sobre el número de prótesis colocadas en el país, varios abogados consultados por la AFP lo estimaron en entre 13 000 y 15 000, teniendo en cuenta el total de prótesis importadas que registra el ANMAT.
“La idea es formar un grupo de afectados, tanto de los que tuvieron problemas hasta ahora como de los que no, porque hay un daño que es constante y empieza en abril de 2010 cuando se revela que en algunas partidas de las prótesis se usó un gel inapropiado”, afirma Virginia Luna en el encuentro.
La abogada, que ya maneja unos 50 juicios, explicó que desde el 23 de diciembre pasado, cuando las autoridades francesas recomendaron a unas 30 000 mujeres operarse para retirarse las prótesis de manera gratuita, ha recibido centenares de llamados y mensajes por correo electrónico y a través del blog.
En Francia se recomendó la operación porque han aumentado los casos de ruptura de las prótesis, pero las autoridades insistieron en que por ahora “no existe un riesgo mayor de cáncer en las mujeres portadoras de PIP en comparación con otras prótesis”, según expertos del argentino Instituto Nacional del Cáncer.
“Recibí consultas de Afectados PIP de España, de Venezuela y de otros países y se está formando una red solidaria internacional por este tema”, revela Luna para ejemplificar el impacto internacional del problema, al tiempo que cuestiona que “en Argentina, ni el ANMAT ni las autoridades de Salud han reaccionado ante un tema que es de sanidad pública”.
Si bien en la reunión ninguna mujer tenía diagnóstico de cáncer, algunos casos revelaban mayor gravedad, como el de Claudia Rolón, de 31 años, quien se operó en 2007 y ahora deambula entre el consultorio del cirujano que la operó, su prestadora social y los hospitales públicos, porque nadie se hace cargo.
“Al poco tiempo de ponerme la prótesis, voy a ver a mi cirujano porque noto que un pecho estaba más caído que el otro. Me dice que estaba todo bien, pero como sigo con el problema voy a ver a un clínico que me hace estudios que demuestran que la prótesis se rompió y que tengo silicona líquida en el cuerpo”, contó la mujer.
“Tengo toda la axila inflamada y me tengo que operar ya”, dice la mujer, pero “no quiero volver al cirujano que me operó porque no confío en él y hace un mes que espero que me den un turno en un hospital público”, acotó.
Desde 2010, algunas mujeres llegaron a acuerdos extrajudiciales con cirujanos o sanatorios para que les cambiaran las prótesis de manera gratuita, aunque una buena parte continúa litigando porque si bien se les ofrece la operación sin costo, deben financiar el valor de la nueva prótesis.
“Mediten bien la decisión que van a tomar y antes que nada consulten al médico y háganse los controles periódicos”, aconseja la abogada, quien explica que los juicios apuntan a una “cadena de responsabilidades” que incluye a la empresa importadora Proestética SA (ahora desaparecida) y al ANMAT.
“Tienen que entender que aquí hay un único culpable que es el que adulteró las prótesis, es decir la firma francesa, pero en Argentina como consumidores tenemos derechos y el Estado tiene que cumplir su rol de control”, sostuvo.
Hasta ahora, un solo centro de cirugía estética que utilizó profusamente las prótesis en Buenos Aires ofreció cubrir todos los gastos de la intervención, pero las damnificadas la rechazan porque no cubre el costo de la nueva mama de silicona.