Imagen referencial. 32 perros murieron en tres refugios de Quito. Organizaciones piden ayuda para investigar los decesos. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La muerte de 32 perros en tres refugios de Quito continúa en investigación. En una rueda de prensa realizada hoy, viernes 19 de julio de 2019, las organizaciones explicaron que están a la espera de los resultados de los análisis para tomar las respectivas medidas legales. En caso de encontrar un responsable, la sanción administrativa sería el pago de 10 remuneraciones básicas unificadas y un máximo de siete días de privación de libertad.
Mario Armendáriz, abogado de las organizaciones, considera que este tipo de sanciones son insuficientes, por lo que este caso es una oportunidad para que se hagan las modificaciones necesarias a la ley. Actualmente se encuentran en el proceso de recolección de datos y se ha establecido una recompensa de USD 2 000 para quien provea información veraz.
Stefany Hernández, voluntaria de Acción Animal Ecuador, explica que esta fue la primera organización que afectada, el viernes 12 de julio del 2019. Nueve perros habrían consumido balanceado de una bolsa cerrada y de estos seis fallecieron y tres ya están recuperados.
El balanceado se había recogido de los centros de acopio días antes, cuenta, y, al contactarse con las otras dos organizaciones afectadas, se dieron cuenta que la marca de balanceado que los había afectado era distinta.
El mismo día que ocurrieron los hechos, dice, se contactaron con cuatro laboratorios forenses, quienes se habrían negado a brindarles apoyo, incluyendo Criminalística. Ese día hicieron dos necropsias de los perros fallecidos y la empresa de balanceado se contactó con esta organización para recolectar las muestras de balanceado y hacer un análisis.
Organizaciones solicitan apoyo para investigar la muerte de 32 perros en tres refugios de Quito. Foto: EL COMERCIO
El lunes 15 de julio del 2019 se entregó una muestra de balanceado a otro laboratorio, quienes ya entregaron un primer análisis que aún no puede ser público, cuenta Hernández, ya que aún es necesario completar el informe. La próxima semana se espera tener un resultado oficial.
Hernández explica que a través de Urbanimal se logró hacer las gestiones necesarias para que Criminalística pueda empezar a realizar los análisis desde el martes 16 de julio del 2019. Hernández espera que la muerte de estos animales sirva para que se establezcan protocolos de respuesta.
Nicole Dancoso, de ADVA, explica que en su caso fueron nueve animales los que fallecieron. En este caso, hicieron una necropsia y ayer (18 de julio) pudieron dejar las muestras de balanceado en Criminalística, ya que antes tampoco los habrían recibido. Se espera tener los resultados a finales de julio del 2019.
En el caso de Lucky Bienestar Animal, los análisis se están realizando de forma independiente. Cristian Bastidas, uno de los representantes de la organización, dice que en su refugio el problema se relaciona con el balanceado que fue donado por libras en uno de los nuevos puntos de recolección, donde aún no se llevaba registros.
Hasta el momento, cuenta, el resultado preliminar muestra que se trata de un veneno mezclado, pero aún están a la espera de los definitivos por parte de un laboratorio privado. En este refugio murieron otros 13 perros y 16 resultaron afectados.
Armendáriz dice que ya se iniciaron acciones previas por parte de la Agencia Metropolitana de Control para establecer un procedimiento sancionatorio administrativo. Actualmente están recabando la información para contribuir a que se determine un responsable.
En el caso penal, dice, el problema es que al no ser un delito, no se puede contar con un fiscal. Toda la información que se presentará ante un juez debe provenir de aportaciones por parte de los interesados. Por eso, el colectivo Ney junto con las fundaciones han puesto una recompensa para que las personas aporten con información y poder empezar un proceso penal. Aún no se han recibido llamadas.
Para Armendáriz, es necesaria una reforma legislativa a la normativa que sanciona estas conductas. Jorge Yunda, actual alcalde de Quito, presentó una propuesta legislativa hace dos años para que se realice una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la pena sea de uno a tres años. Protección Animal Ecuador también presentó una propuesta de reforma al COIP.
