Según el decreto 553, hay 90 días para la implementación y el nombre de la nueva institución será Ministerio de Ambiente y Agua. Humberto Cholango, ministro del Ambiente encargado, explica en qué etapa se encuentra este proceso. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
El pasado 3 de octubre el presidente Lenín Moreno firmó el decreto sobre la fusión del Ministerio del Ambiente y la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Según el decreto 553, hay 90 días para la implementación y el nombre de la nueva institución será Ministerio de Ambiente y Agua.
Humberto Cholango, ministro del Ambiente encargado, explica en qué etapa se encuentra este proceso y se refiere a los proyectos que mantendrá en su gestión.
¿Cómo se está llevando a cabo la fusión entre MAE y Senagua?
Estamos trabajando primero en definir y conceptualizar esta nueva institución con las competencias que cada una de las áreas debe tener. El proceso consiste en unificar las áreas que son compatibles entre ambas instituciones, pero también fortalecer las áreas de especialización que cada una tenía por separado. Vamos mantener áreas como la Subsecretaría de Cambio Climático. El tema de agua potable y saneamiento es uno muy de especialización, al igual que de riego y manejo y el tema de calidad de ambiental, que son áreas de especialización. Donde encontremos similitudes vamos a ir fusionando. La nueva institución estaría lista para diciembre.
¿Cuáles son los principales retos que tiene la nueva institución?
Esta institución tiene que acercarse mucho más a la sociedad con diferentes actores. Los servicios que se den a la ciudadanía deben ser con más agilidad y, bajo un diálogo, llegar a acuerdos y consensos con gobiernos municipales y gobiernos provinciales, que tienen también competencias en el tema de agua y reforestación.
¿Se va a continuar con los planes del anterior ministro respecto a la gestión y creación de Áreas Protegidas?
Como todo proceso tiene que seguir. Esto no es una política personal, sino de Estado. Queremos fortalecer la investigación en esas áreas haciendo algunas modificaciones como una alianza pública- comunitaria para su manejo, porque los que más saben y pueden proteger estos espacios son las comunidades que viven al lado. En otras zonas se puede hacer una alianza pública-privada o con el sector de la economía popular y solidaria para que puedan gestionar los espacios desde el turismo.
En algún momento se habló de poner un costo para la entrada a estas áreas. ¿Esa idea usted la mantiene?
Eso todavía estamos analizando. El Estado tiene que pensar y construir sus políticas públicas, especialmente en el tema ambiental, no solamente pensando en que la cooperación internacional siempre va a existir, sino que tenemos que empezar a construir una política de auto sustentabilidad o de generación de recursos propios para poder hacer la gestión desde el Estado. Uno de los análisis de esto era poner un costo mínimo de entrada para los parques nacionales, pero no se ha tomado una decisión. Se había pensado en esto, pero el tema es parte del análisis dentro de esta fusión.
¿Se va a continuar con proyectos como Socio Bosque para la conservación de ecosistemas?
Primero tenemos que evaluar el recorrido que se ha hecho y las lecciones aprendidas, tanto positivas como negativas, para sacar lo mejor y volver a reconceptualizar. Con esto se busca fortalecer el Socio Bosque. No se puede quedar como una especie de entrega de recursos a los que cuidan los bosques. A partir de eso se debe levantar una gran política pública para transitar desde ese espacio hacia el tema de la bioeconomía y dar un paso más allá.
En la anterior gestión también se habló de la necesidad de endurecer la lucha contra el tráfico de especies. ¿Cuál es su postura ante esto?
Este es un tema que no solo depende de que haya leyes o la justicia actúe. Es un problema de Estado, de consciencia y de cultura. Traficar con la vida silvestre es traficar con patrimonio del Estado, ya sean plantas o animales. Es un delito que tiene que ser combatido con toda la firmeza, pero no solo eso, sino también continuar con campañas como la que tenemos: “El tráfico de especies es un delito, si te llevas uno no quedará ninguno”, que es en alianza con la Policía Nacional. También nos unimos con el sector de la transportación pública en el país. Más del 90% del tráfico de especies silvestres es en las vías y los primeros que deben denunciar o negarse a transportar los especímenes deben ser los transportistas. Hay que fortalecer el sistema judicial y de investigación, pero eso no es suficiente.
¿El nuevo Ministerio ahora entonces va a estar a cargo de dos de las tres misiones emblemáticas?
Este Ministerio de Ambiente y Agua tendría dos misiones emblemáticas que son la de Agua Segura y Reverdecer Ecuador. Lo importante es que ambas se complementan. La misión Agua Segura en primera fase va a beneficiar a 1 800 000 personas. Tenemos listo la segunda fase ya con una parte de financiamiento para poder arrancar de aquí a pocas semanas. En Reverdecer Ecuador vamos a reorganizar políticas públicas en alianza con los gobiernos provinciales y parroquiales y con las comunidades.