Transcurrido el primer semestre del año se hacen más evidentes los efectos de la contracción que sufre la economía ecuatoriana. Quienes más asimilan esta crisis son los consumidores, que tienen que pagar más por sus productos y servicios, gracias a los ajustes en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a los consumos especiales. Además, muchos de ellos perdieron su trabajo o se encuentran en el desempleo, como consecuencia del pobre desempeño del país.
Al realizar una radiografía de cómo les ha ido a los diferentes sectores productivos durante el primer semestre, los resultados no son nada alentadores: caída en el sector de la construcción, bajas ventas en el mercado automotor, pérdidas en el segmento de agencias de viajes... y la lista de perjudicados continúa. Entre las principales causas que han ocasionado ese comportamiento se identifican la contracción económica que acarrea el país desde el año pasado, la aplicación de las salvaguardias, las nuevas reformas tributarias, la pérdida de miles de empleos, el recorte en el Presupuesto del Estado, etc.
La aplicación de la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia en mayo; y la puesta en marcha de la denominada Ley Solidaria (para financiar los daños ocasionados por el terremoto del 16 de abril), cuya aplicación arrancó desde el 1 de junio, han generado inconvenientes a las grandes empresas. Esas complicaciones surgen porque tienen que modificar su planeación estratégica, ajustar los costos de producción de sus bienes y/o servicios a las nuevas normas y tarifas tributarias (incrementos del ICE, del IVA, aportes de utilidades, etc.); además de asumir gastos adicionales que se presentan a la hora de realizar nuevas impresiones, en envases o etiquetas, para incluir los nuevos precios de los productos de venta al público.
Ante la necesidad imperiosa de liquidez que tiene la caja fiscal, el Gobierno anuncia que pondrá a la venta 11 empresas, un banco, medios de comunicación incautados y centrales hidroeléctricas. En medio de la desesperación por obtener recursos, los potenciales inversionistas pueden ‘aprovechar’ este apremio y ofrecer montos bajos, lo que coloca al país en desventaja y obviamente una pérdida importante en el valor de sus activos en esta época de vacas flacas.
Con la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana publicada en el Registro Oficial (que entra en vigencia a partir del 1 de junio), el escenario empresarial es más complejo. En menos de dos meses se aprobaron dos reformas tributarias (suman 14 en lo que va de la presente administración gubernamental), y si a eso se suma la extensión de las salvaguardias -que regirán hasta el 2017-, deja por el piso cualquier planificación, en lo relacionado con la optimización de costos de producción de una compañía.
En las próximas horas, el escenario de una inminente elevación de precios, como consecuencia del aumento del impuesto al valor agregado (IVA), crece. Solo se espera que se cumplan los procedimientos burocráticos y administrativos, para que el Gobierno ponga en marcha su décima cuarta reforma tributaria (Ley Solidaria y de Corresponsabilidad), una vez que la Asamblea Nacional dio paso al aumento del IVA en dos puntos (14%). Salvo que se apruebe que el cliente considere adquirir bienes y servicios con dinero electrónico y, en ese caso, pagará un 10% de IVA. Aunque todo esto, sin contar el reciente aumento de precios de gaseosas, cervezas, bebidas azucaradas, cigarrillos, etc., que se aplicó con la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas.
En los últimos nueve años, el discurso oficial se apuntaló en el cambio de modelo económico, en donde el rol del Estado, desde la perspectiva teórica o académica, tiene (o tenía) un papel más protagónico en el desempeño del país. Con el propósito de impulsar una nueva agenda y olvidar esa ‘larga noche neoliberal’, los cambios arrancaron con una nueva Constitución que otorga más facultades al Ejecutivo. Y, a través de otras entidades estatales, ese nuevo modelo tomó fuerza.
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril debe verse como una oportunidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazos. Hay que considerar el proceso de reconstrucción como una ocasión para fortalecer los mecanismos de diálogo entre los sectores público y privado. Debe aprovecharse esta situación para generar nuevos instrumentos de política pública, para movilizar recursos de inversión que mejoren las condiciones de vida de la población perjudicada. También es una oportunidad para transmitir confianza desde el poder en la población y en las empresas privadas que no han escatimado ningún esfuerzo por expresar su solidaridad con los damnificados.
Las serias dificultades de liquidez que enfrenta el Gobierno ahora lo encaminan a buscar más recursos en los bolsillos de los ecuatorianos. Y por ello pretende, mediante un proyecto de ley, incrementar impuestos a las bebidas azucaradas, licores y cigarrillos. Si se pone en marcha esta duodécima reforma tributaria, el Régimen aspira obtener unos USD 300 millones anuales; un monto ínfimo que no le alcanza ni para un mes de su abultado gasto de sueldos en burocracia. Pero no mide los efectos: cuando hay una subida de impuestos se afecta el consumo, se producen despidos en las empresas que proveen esos productos y se alienta al contrabando.
Al Gobierno le cuesta reconocer que su política económica ha cometido equivocaciones y eso ha llevado al país a la situación en la que se encuentra. En los últimos seis meses al menos, en sus diversos intentos por evitar que la crisis se ahonde, no decide atacar los problemas en su raíz, sino en sus efectos.
En el reporte ‘Latinobarómetro- Veinte años de Opinión Pública 1995-2015’, en Ecuador el 51% de la población encuestada para el estudio señala que la mayor preocupación que tiene en cuanto a los problemas económicos del país es la “desocupación y el desempleo”. Así, la inestabilidad laboral es una de las mayores inquietudes que tienen los ecuatorianos. Los períodos de desempleo del jefe de hogar llevan a fuertes caídas en el ingreso familiar, que se traducen en una contracción del consumo, mora en los pagos de la vivienda y atención médica, caída de la autoestima del jefe o jefa de hogar y, en algunos, casos hasta la deserción escolar.
La cita de la Celac en Quito es una tribuna más en donde los representantes de los gobiernos se tomarán todo el tiempo para reiterar el llamado a “trabajar en una verdadera integración para erradicar la pobreza”. Quienes se empoderarán de este tema en los discursos oficiales, sin duda, serán los mandatarios que han hecho de los pobres su mejor carta política.
De nada le sirvió al Régimen ser el ‘primer Gobierno en honrar sus obligaciones con puntualidad’, ante los acreedores de los bonos Global 2015, para que eso contribuya a reducir el Riesgo País. Este indicador, que es una muestra de la confianza que refleja un país al inversionista o al financista internacional, en menos de un mes ha subido más de 250 puntos. Esto refleja la compleja situación en la que se encuentran las finanzas públicas, mientras las autoridades buscan como sea cumplir en este mes, los pagos atrasados que tienen con sus proveedores.
Casi al finalizar este 2015, las malas noticias sobre el desempeño económico no terminan. En el último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe 2016” (publicado el 14 de diciembre), se ubica al Ecuador como uno de los cinco países con la mayor caída en sus exportaciones en la región (-28%), durante este año.
Por estos días, las redes sociales están inundadas de textos en los cuales se informa de miles de despidos en las empresas privadas. En efecto, muchas compañías -en la recta final del 2015- se han visto en la ‘obligación’ de realizar ajustes en su nómina, para mantener operativas sus actividades en momentos en que la economía ecuatoriana atraviesa una situación compleja. Por ahora no se ha difundido públicamente una cifra oficial generada desde el Ministerio de Trabajo, en la que se reporten los despidos en el sector privado (y también en el sector público).
A la larga lista de preocupaciones económicas del Ejecutivo se sumó una que puede afectar aún más las débiles finanzas públicas en el transcurso de los próximos meses: el reciente fallo a favor de la Oxy, que le obliga al Estado a indemnizar a la petrolera con más de USD 1 000 millones. Algo así como lo que este Gobierno destinó solo para el movimiento de tierras, en donde algún día se espera construir la Refinería del Pacífico.
Durante la última sabatina, el Gobierno ha reiterado que hará “los cambios normativos y legales que sean necesarios”, para afianzar su visión ideológica sobre la distribución de la riqueza. Este incómodo mensaje llegó poco después de las últimas reuniones que las autoridades del área de la producción han mantenido con empresarios, para buscar una alianza público-privada de manera urgente; y en las cuales uno de los temas que más interés despierta y genera debate es el de la estabilidad jurídica.
Nadie lo duda, aunque se quiera decir lo contrario; el país atraviesa una situación económica bastante compleja. Cada día se suman a la lista nuevos factores que hacen más pesada la carga. Lo más reciente: la caída a inicios de esta semana de las bolsas asiáticas y el efecto en el mercado bursátil internacional. Este nuevo golpe incide aún más en los bajos precios del petróleo, encarecerá aún más las fuentes de financiamiento externo para Ecuador (que ya paga elevadas tasas de interés por sus créditos) y contraerá más la demanda de productos nacionales en otros continentes.
La Fiscalía de Ecuador dejará de cooperar con Estados Unidos si ese país no entrega a ecuatorianos buscados por la justicia ecuatoriana por delitos de lesa humanidad, dijo el fiscal Galo Chiriboga en declaraciones difundidas este martes 25 de agosto.
En medio de las dudas que advierten los agentes económicos sobre un Ecuador que estaría a las puertas de entrar en recesión, el país está a la espera de que las autoridades informen en detalle sobre las condiciones en las cuales se cerró la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD–CFN No más Impunidad (Ugedep) y cuyos balances, pagarés, garantías, trámites, oficios, juicios, etc., pasaron a manos del Banco Central, según se establece en el Decreto Ejecutivo 705, del 25 de junio del 2015. La Ugedep se cerró el 15 de julio, el mismo día que se anunciaba la salida del gerente del Banco Central, Mateo Villalba.