Transcurrido el primer semestre del año se hacen más evidentes los efectos de la contracción que sufre la economía ecuatoriana. Quienes más asimilan esta crisis son los consumidores, que tienen que pagar más por sus productos y servicios, gracias a los ajustes en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a los consumos especiales. Además, muchos de ellos perdieron su trabajo o se encuentran en el desempleo, como consecuencia del pobre desempeño del país.
En donde también se refleja esta realidad es en el sistema financiero. Basta revisar los indicadores que muestran cómo crece la morosidad, tanto en los créditos de consumo como en los microcréditos. En un reciente informe de la Asociación de Bancos Privados se reporta -hasta mayo- que la morosidad del sistema financiero privado fue del 6,1%. Y en donde más atrasos de pago se reportan son las cooperativas.
En medio de este difícil escenario, las entidades financieras se ven en la obligación de buscar mecanismos para una reestructuración de esas deudas y, consecuentemente, reforzar sus provisiones, para mantener saludables sus indicadores económicos.
Cuando se solicita un préstamo de consumo, el pago dependerá de la capacidad de los ingresos de la familia y si alguien pierde su empleo hay problemas. En el caso del microcrédito, en cambio, el cumplimiento del pago está sujeto a la dinámica del negocio.
En los manuales de educación financiera se recomienda mantener un endeudamiento máximo equivalente al 30% de los ingresos y evitar gastos en artículos innecesarios. Aunque la mejor sugerencia siempre será ahorrar..
De cara al segundo semestre y considerando que las condiciones económicas no cambian, la prudencia en el gasto será recurrente. Sin embargo, ante un consumidor que gasta menos, las empresas producirán menos y en ese escenario, ya no necesitarán muchos trabajadores, habrá más desempleo y la historia se repite, más aún si no hay planes ni programas de recuperación económica a la vista.