La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril debe verse como una oportunidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazos. Hay que considerar el proceso de reconstrucción como una ocasión para fortalecer los mecanismos de diálogo entre los sectores público y privado. Debe aprovecharse esta situación para generar nuevos instrumentos de política pública, para movilizar recursos de inversión que mejoren las condiciones de vida de la población perjudicada. También es una oportunidad para transmitir confianza desde el poder en la población y en las empresas privadas que no han escatimado ningún esfuerzo por expresar su solidaridad con los damnificados.
Es la oportunidad para que la Asamblea devuelva el paquete de impuestos al Ejecutivo y dedique todo su esfuerzo a analizar el plan de reconstrucción que anuncia el Ejecutivo, para ayudar a la recuperación del aparato productivo de las provincias afectadas. Más allá de las facilidades de acceso a crédito, condonación de intereses o deudas, incentivos para los emprendedores, fondos de reactivación económica, etc., también es la oportunidad para mirar el largo plazo, con la definición una agenda que apunte hacia una mejor planificación urbana menos informal, en la cual el rol de los constructores -para el cumplimiento de las normas de seguridad en la edificación de viviendas- es fundamental.
La reconstrucción también es la oportunidad para optimizar los procesos de contratación pública y evitar que se puedan presentar dudas sobre las asignaciones de obras y contratos. Asimismo, es una ocasión para optimizar el gasto público y destinar los recursos que se utilizan en la propaganda, hacia el financiamiento de planes de capacitación comunitaria para enfrentar desastres.
Ante un escenario de severa contracción es la oportunidad de buscar sinergias entre la reconstrucción, la dinamización de la economía, la mayor eficiencia en el uso de los recursos y la mayor generación de empleo.