Ante la necesidad imperiosa de liquidez que tiene la caja fiscal, el Gobierno anuncia que pondrá a la venta 11 empresas, un banco, medios de comunicación incautados y centrales hidroeléctricas. En medio de la desesperación por obtener recursos, los potenciales inversionistas pueden ‘aprovechar’ este apremio y ofrecer montos bajos, lo que coloca al país en desventaja y obviamente una pérdida importante en el valor de sus activos en esta época de vacas flacas.
Pero no solamente se pone sobre la mesa de negociación esta coyuntura económica que vive Ecuador. Otro aspecto primordial en procesos como estos es analizar los resultados del ejercicio económico que se derivan de la administración de esas compañías (utilidad o pérdida). Sin embargo, el Gobierno ha dado muestras de no ser un buen administrador. Para poner un ejemplo, allí está el caso de Tame, con pérdidas acumuladas superiores a los USD 50 millones. Además, ha constituido empresas que al poco tiempo se han extinguido, como la Empresa Pública Importadora.
Otra consideración primordial a la hora de buscar comprador y cerrar un negocio es ser transparente en las cifras y en el manejo de esos activos, algo que no ha sido una característica de la actual administración. Allí existen otros ejemplos: aquellos bienes que fueron parte de la extinta Agencia de Garantía de Depósitos y que al final terminaron en manos del Banco Central. ¿Qué pasó con esos recursos? No se conoce un balance actual.
Cuando se prepara un activo para un proceso de venta, lo más importante es mostrar toda la información veraz y organizada que permita conocer el estado del bien (mueble o inmueble) y evitar que los agentes implicados en el proceso de inversión se desmotiven por falta de confianza y de datos reales.
¿Cuándo saldrán a la venta los bienes del Estado? Aún no hay fecha, porque las autoridades dicen que están en un proceso de valoración. Lo ideal es que en ese proceso, la transparencia ayude a subir en algo sus precios.