Al Gobierno le cuesta reconocer que su política económica ha cometido equivocaciones y eso ha llevado al país a la situación en la que se encuentra. En los últimos seis meses al menos, en sus diversos intentos por evitar que la crisis se ahonde, no decide atacar los problemas en su raíz, sino en sus efectos.
Uno de los mecanismos con los que intenta evitar que el desempleo se dispare a los dos dígitos es este proyecto ‘urgente’ denominado Ley para la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo, (aunque ahora se lo denomina en la Asamblea Ley Orgánica para la protección del Trabajo Juvenil, Protección del Empleo y Seguro del Desempleo). En medio de la crisis al Régimen solo se le ocurre atenuar el efecto de la caída del desempleo, cuando las políticas para generar nuevos empleos con estímulos al sector privado han pasado desapercibidas durante nueve años.
En medio de una situación preocupante y ante la necesidad de dar un giro mas pragmático en el manejo de la política exterior ahora se anuncia una diplomacia económica y comercial, orientada a conseguir inversiones y financiamiento para el país.
A los nueve años se toma en serio algo que debía ser un eje transversal en el manejo de las relaciones del Ecuador con el mundo. Consolidar una diplomacia económica no es fácil y ojalá se puedan ver resultados en los próximos 14 meses que, se espera, estará el nuevo timonel de la Cancillería.
Impulsar este eje estratégico demanda un trabajo intenso y permanente para defender los intereses económicos del país y de sus empresas en los mercados externos; no obstante, en los últimos nueve años, el discurso oficial antiempresarial ahora pasa una factura bastante costosa, por no haber tenido la prudencia necesaria en su debido momento.
El trabajo es arduo para ofrecer una imagen más atractiva de nuestro país, y de sus productos y servicios. Un primer paso para ello será cumplir el compromiso asumido ante la OMC, en el desmonte de las salvaguardias.