La falta de compromiso con la zona intangible en el Yasuní mantiene al conflicto sin conciliación, en la CIDH.
El Estado de Ecuador reconoció ante la CorteIDH que no investigó las matanza en los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, en la Amazonía.
Ecuador inica el proceso de vacunación contra el covid en la población Waorani que habita en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane.
El Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Waorani informó que el 70% de sus pobladores tiene síntomas de covid-19. De los 4 000 indígenas que viven en 47 comunidades fallecieron dos integrantes por causa del coronavirus.
La zona intangible del Parque Nacional Yasuní, donde se asientan pueblos en aislamiento voluntario, tiene una nueva delimitación.
A través del Decreto Ejecutivo 751, suscrito la noche del martes 21 de mayo del 2019, el Gobierno de Ecuador estableció una nueva delimitación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, para los pueblos no contactados del Yasuní, que alcanza 818 501,42 hectáreas.
En mi calidad de Procurador General del Estado Subrogante me refiero al artículo de opinión publicado por Diario El Comercio (página 10) , del jueves 22 de octubre de 2015, titulado: "La Audiencia", el que consigna información imprecisa sobre hechos del caso de los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, que se desarrolló el pasado 19 de octubre de 2015 en Washington. El articulo de opinión en su parte específica señala: "...La defensa de los indígenas, empeñada en que el único problema para la supervivencia de estos pueblos es el petróleo. El Estado, empeñado en mostrar que tener un marco jurídico es suficiente para garantizar la vida de esas gentes de la selva. Además, calificando de "un problema interétnico", sin más, al enfrentamiento del 2013, librándose de sus responsabilidades... El Estado, como nunca antes, ha tenido y tiene hoy, información sobre los grupos ocultos... A pesar de ello, hay algunos funcionarios que insisten en decir que son rumores las señas de su presencia
Columnista invitado Elpetróleo antes que la vida. Esa es la última consigna del Gobierno ecuatoriano, al menos si nos atenemos a lo que acaba de ocurrir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 156º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el retorno de Ecuador a ese organismo con sede en Washington, Estados Unidos. El regreso, sin embargo, no ha estado liberado de la controversia que marca la relación entre el gobierno del presidente Rafael Correa y esa instancia. Esta es uno de los pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Estado y peticionarios de medidas cautelares estuvieron frente a frente en Washington, para hablar del tema de la protección a los tagaeri/taromenani, minorías que han sufrido dos ataques brutales en una década (2003, 2013). La audiencia resultó penosa, los argumentos insuficientes, largos, improvisados, confusos y desordenados. Muchos discursos vaciados de datos concretos.
El Estado ecuatoriano estuvo representado en una de las audiencias convocadas para hoy, 19 de octubre de 2015, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar casos que atañen a ese país, pero faltó a las tres siguientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy (19 de octubre del 2015) su 156 periodo de sesiones con cuatro audiencias sobre la situación en Venezuela, una sobre los pueblos indígenas en Ecuador y otra sobre las industrias extractivas en el continente.
La comisión de mujeres que este lunes (19 de octubre del 2015) será recibida en el tercer día del período de sesiones de la audiencia 156 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe de 87 páginas. En ellas se relatan supuestas intimidaciones, ataques, calumnias, amenazas, injurias, vigilancia y humillación pública para defensoras de los derechos humanos de pueblos indígenas y del ambiente en Ecuador.
El miércoles pasado, luego de nueve meses de espera, la Comisión creada para la investigación del caso waorani-tagaeri-taromenani entregó su informe final al Ejecutivo. Y por supuesto, sus recomendaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite una petición de un grupo de ciudadanos a favor de los pueblos no contactados tagaeri y taromenane, que habitan en la Amazonía ecuatoriana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los Estados de la región “a emprender acciones inmediatas que contribuyan a la protección de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario”, toda vez que se ha determinado su alta vulnerabilidad por la explotación a gran escala de los recursos naturales que hay en sus territorios.
La Corte Constitucional (CC) deberá dirimir sobre la pena que se aplique a 17 procesados huaorani por su presunta participación en la matanza de una familia tagaeri-taromenane.
Las noticias acerca de los pueblos que viven, en el Yasuní, en aislamiento voluntario, los Tagaeri y los Taromenane, resultan inquietantes para todos. No sabemos qué pensar ni qué debemos hacer. Algunos pensarán, como pensaban quizá los misioneros, que son salvajes a quienes hay que darles los beneficios de la civilización. Otros, decepcionados de la civilización y sus supuestos beneficios, pensarán que, tal vez, ellos son más felices. Las Naciones Unidas encontraron una solución de compromiso: respetar su derecho a vivir en aislamiento. No se puede decir que el aislamiento sea voluntario porque no conocen otra manera de vivir. Nosotros, en cambio, aunque quisiéramos vivir como ellos, no podríamos. Su existencia nos obliga a replantearnos el concepto de felicidad.
El domingo 21 se cumplen 26 años de la muerte de Alejandro Labaka; cuatro años de la muerte de Sandra Zavala y sus hijos; casi cinco meses de la muerte de Ompure y Buganey, y 112 días de la muerte de un número indeterminado de personas de una familia tagaeri-taromenani.