El 156º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el retorno de Ecuador a ese organismo con sede en Washington, Estados Unidos.
El regreso, sin embargo, no ha estado liberado de la controversia que marca la relación entre el gobierno del presidente Rafael Correa y esa instancia. Esta es uno de los pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Al cabo de una ausencia en cuatro ciclos de reuniones anteriores y después de enfilar duros cuestionamientos a ese organismo, el Estado ecuatoriano envió a cinco representantes. Empero, los delegados asistieron, el lunes pasado, a una de las cuatro audiencias programadas. Participaron en la referida al caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, que alertan sobre la supuesta amenaza a sus vidas por efecto de la explotación petrolera. El Régimen niega esa tesis y asegura que ha brindado medidas para la protección de esas comunidades.
Pero no se presentaron en tres reuniones. En particular en la relacionada con un asunto espinoso: la situación de las defensoras de DD.HH. de pueblos indígenas y del ambiente en Ecuador. La presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine, lamentó ‘mucho que el Estado no esté aquí para escuchar y responder sobre este importante tema’. También dijo que se tomará muy en serio la queja.
Lo cierto es que el regreso (parcial) a la CIDH deja abiertas varias interrogantes.