El Estado y peticionarios de medidas cautelares estuvieron frente a frente en Washington, para hablar del tema de la protección a los tagaeri/taromenani, minorías que han sufrido dos ataques brutales en una década (2003, 2013). La audiencia resultó penosa, los argumentos insuficientes, largos, improvisados, confusos y desordenados. Muchos discursos vaciados de datos concretos.
La defensa de los indígenas, empeñada en que el único problema para la supervivencia de estos pueblos es el petróleo. El Estado, empeñado en mostrar que tener un marco jurídico es suficiente para garantizar la vida de esas gentes de la selva.
Además, calificando de “un problema interétnico”, sin más, al enfrentamiento del 2013, librándose de sus responsabilidades.
Ni lo uno, ni lo otro. Ni el único problema es el petróleo (es uno de los tantos problemas en la zona). Ni el único problema es interclánico (eso sería quitarle cualquier responsabilidad a las omisiones estatales, a la incapacidad de ordenar un territorio).
Los avances en las leyes no garantizan nada, si estas no se cumplen. Eso es lo que nos ha demostrado la realidad. A pesar de las leyes y de los avances en medidas cautelares, ha habido muertos. Y eso es lo grave.
Penosa la audiencia. En ella se enfrentaron dos miembros de la misma organización indígena al punto de la amenaza y la intimidación. En ella, los representantes del Estado estuvieron muy ocupados en descalificar a los testigosy en mostrar las bondades de sus ministerios, pero no hablaron de cómo se activaron (o no) sus planes de contingencia cuando ha habido encuentros violentos.
El Estado, como nunca antes, ha tenido y tiene hoy, información sobre los grupos ocultos. A pesar de ello, hay algunos funcionarios que insisten en decir que son rumores las señas de su presencia y peor aún, que son rumores sus muertes (así recogió agencia EFE la declaración de un representante del Estado una vez terminada la audiencia).
Nunca antes el Estado ha tenido tanta información sobre sus casas y chacras, sobre su ubicación, sobre las amenazas que se ciernen sobre ellos, sobre su territorio. Se han hecho sobrevuelos, mapas, recorridos, consultorías, peritajes, experticias, controles desde la estación de monitoreo que se exhibe con orgullo desde el 2008. Pese a toda esa información y monitoreo, no pudo evitar ni los muertos del 2009 ni los del 2013. Y no sabemos si ahora está en capacidad de evitar otros incidentes. Esperemos que sí. Pese a toda esa información, no faltan los que insisten neciamente en querer explotar petróleo en esos mismos linderos.
No. No es solo el petróleo el problema. Ni está solo en las leyes la solución. Estas pasan por la voluntad política, por el reconocimiento de las debilidades institucionales, la definición del territorio, el diálogo, la construcción de la paz. “Algo ha fallado”, decía Alicia Cawilla, en la audiencia, “y así, no podemos vivir”.
maguirre@elcomercio.org