Ángel Marino O., de 52 años, permaneció cuatro días retenido en la comunidad de Tuncarta, perteneciente al cantón Saraguro, provincia de Loja. La madrugada de este martes 11 de septiembre del 2018 falleció, supuestamente, en manos de la justicia indígena.
El pueblo Salasaka sometió a la justicia indígena a una persona acusada de robo este martes 29 de mayo del 2018. El hombre fue sancionado luego que la asamblea comunitaria lo encontrará culpable del robo de un teléfono celular a una estudiante la noche del lunes 28 de mayo.
El juzgamiento indígena que se realiza cuando un miembro de la comunidad comete una infracción no solo consiste en aplicar un castigo sino en recuperar la armonía espiritual y reivindicar los daños, según los yachaks de Chimborazo.
El alcalde del municipio boliviano de San Buenaventura, Javier Delgado, fue sometido hoy, lunes 26 de febrero, a un castigo comunitario luego de que un consejo de ancianos indígena lo condenara por su mala gestión, informaron medios locales.
Los habitantes de la parroquia Salasaka, en Tungurahua, sentenciaron a tres personas implicadas en el presunto robo de 10 ponchos y por una supuesta estafa en la compra de productos en varias tiendas de esa comunidad localizada a 15 minutos al oriente de la ciudad de Ambato.
Los habitantes de la parroquia Gonzol, situada a cinco minutos de Chunchi, en Chimborazo, incendiaron el vehículo en el que se movilizaban cuatro personas, quienes supuestamente robaron cinco cabezas de ganado.
Los dirigentes de 23 comunidades del sector de Maca Grande de la parroquia San José de Paoló, en la provincia de Cotopaxi recibieron las versiones de las personas que habrían sido estafadas por dos supuestos curanderos retenidos en el sector, hoy, jueves 25 de mayo del 2017.
Un hombre, de 40 años de edad, fue señalado por los dirigentes de la comunidad indígena de Salasaka, Tungurahua, por una presunta agresión sexual a una mujer de la tercera edad. El aparente hecho violento se habría consumado la noche del miércoles 1 de marzo del 2017.
Los indígenas de la comunidad Maca Grande, en el cantón Pujilí, tienen retenidos a cuatro personas y les aplicaron la denominada justicia indígena.
Campesinos y dirigentes de las comunidades de los cantones de Píllaro y de Ambato, en Tungurahua privaron de la libertad a ocho personas.
La cima del cerro Cajas, en el límite entre Otavalo (Imbabura) y Cayambe (Pichincha), perdió el color dorado de sus pajonales. A mediados del mes anterior, un incendio redujo a cenizas 3 000 hectáreas de esta zona, calcula Mercedes Cuascota, presidenta de la comunidad San Francisco de Cajas.
Los comuneros de las 18 organizaciones de la parroquia Quisapincha detuvieron hoy, jueves 24 de septiembre del 2015, a un presunto abigeo. El anuncio realizado por los altos parlantes concentró a los vecinos en la plaza central de la comunidad Calhuasig Grande ubicada a 45 minutos al oeste de Ambato, una ciudad localizada en la Sierra Centro del Ecuador.
Noemí se suicidó en un albergue de México después de intentar viajar hacia Estados Unidos. Un tribunal conformado en el Tambo, pueblo en el que vivía Noemí, declaró culpables de la muerte de la menos a sus padres, abuelos y tíos que fueron separados del pueblo, ortigados y bañados con agua helada, según dicta la justicia indígena.
Un juicio indígena a guerrilleros de las FARC por el asesinato de dos aborígenes encendió el debate esta semana en Colombia sobre la autonomía que los nativos del país tienen en sus reservas, donde cuentan con autoridades propias e imparten justicia a su manera.
Las sillas asignadas para los representantes del Estado ecuatoriano estuvieron vacías ayer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló, dentro de su 153° período de sesiones, dos audiencias temáticas que analizaron la situación de Ecuador.
Los guerreros waorani se alistan para la cacería. Preparan tres lanzas de madera que miden 3 metros y medio de largo cada una y cerbatanas hechas de pambil. Afilan finísimos dardos envenenados en las puntas, que guardan dentro de una caña guadúa negra. Su objetivo es matar monos, sajinos, guantas y huanganas para que sus esposas e hijos se alimenten.
No todos los indígenas están en contra del pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) según el cual las muertes violentas cometidas por habitantes de las comunidades deberán ser juzgadas por la justicia ordinaria.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la justicia indígena genera más debate. La semana pasada este organismo estableció que los medios de comunicación deben obtener la "autorización de las autoridades indígenas" para la "difusión de casos de justicia indígena".
La Corte Constitucional se pronunció, cuatro años después de ocurridos los hechos, sobre el caso ‘La Cocha’. La Corte ha emitido un criterio importante para señalar y sentar jurisprudencia cuando se trate de juzgar muertes violentas presuntamente cometidas por personas pertenecientes a las comunidades indígenas. Allí, la justicia ordinaria debe actuar.
La defensa de los cinco jóvenes procesados por el caso La Cocha espera que la Corte Constitucional (CC) les notifique oficialmente la resolución para acudir a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.