¿..y lo hecho? ¿ cómo queda?
En la posesión de la Corte Nacional de Justicia, 26 de enero del 2012, el Presidente Correa expresó “no asistimos a la posesión de otra Corte más, asistimos a la posesión de la única Corte que ha sido electa con transparencia”.
Los designados recibieron un botón que expresaba “Por una Justicia Oportuna y Transparente”.
En la posesión estuvo el jurista español Baltasar Garzón, quien desde la campaña previa a la Consulta de Mayo del 2011, había sido anunciado, junto a otros personajes, como integrante de la Comisión de Veeduría Internacional –si se metía la mano en la justicia- para la transparencia del proceso, a la que recién se le facilitaron los recursos la víspera de ese día.
Algunos cuestionamos la aceptación de Baltasar Garzón porque al ingresar meses después de que el Consejo transitorio de la Judicatura había tomado cientos de decisiones, suspendido y separado jueces que el gobierno de alguna manera tachaba o cuestionaba, a más de expedir una normativa de designación de magistrados para la Corte Nacional que facilitaba una alta carga de subjetividad –y de hecho se imputaba que eso se había producido-, su actuación más que de veeduría del proceso, podía ser de solo asistir al velorio de la justicia.
El informe, en algunos puntos, pone el dedo en la llaga:
La carga de subjetividad que estuvo en la designación de varios jueces, porque se invirtió lo que debió ser el procedimiento ético, al haberse producido la prueba oral de los candidatos ante el Consejo Transitorio de la Judicatura, de evaluación no objetiva, recién al último, antes del cierre de la designación, lo que podría haber facilitado el ajuste de calificaciones, desplazando a unos y promoviendo a otros. Sustentan su observación con los casos de calificación de los jueces Lucy Blacio, Wilson Merino, Wilson Andino, Paúl Íñiguez y Ximena Vintimilla, que habrían sido favorecidos, coincidiendo con denuncias.
La multiplicación de suspensiones y otras sanciones a jueces, cuya señal podría parecer de intimidación, lo que debería estar adecuadamente reglado.
Lo que podría parecer la no independencia de los jueces en juicios a su cargo, con tipos penales que se apartan de la tipología de la ciencia penal, en lo que se multiplicarían casos. Uno de los más dramáticos es el de los 10 de Luluncoto, con hipótesis forjadas sin evidencias, más de 9 meses vejados y encarcelados. ¿Cuánto de presiones desde el poder?, ¿cuánto de miedo de los jueces para decidir?. Difícil saberlo. La multiplicación de irregularidades en los procesos de contratación pública a pretexto de emergencias y urgencias. Mal endémico en el actual gobierno, en que de largo superan irregularidades de tiempos anteriores. ¿Habrá establecimiento de responsabilidades y rectificaciones?. Tal vez no.
