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Triunfo y desgaste

Aunque con costos políticos mayores a los que pudieron estimarse, la aprobación maquillada a las diez preguntas para la consulta popular debe ser considerada como un triunfo político del Gobierno. Que haya sido aprobada por una Corte carente de legitimidad desde su mutación hasta el escándalo de la Cervecería Nacional, o la posible actitud del Consejo Nacional Electoral ante el próximo aluvión de publicidad gubernamental es parte de un entorno político donde las oportunidades de discrepancia u oposición son casi imposibles. Son los riesgos de regímenes que están en la frontera entre el Estado de Derecho o el derecho a cualquier acción o artimaña desde el poder.

Existen sin embargo dos problemas al margen del debate que ahora solo es político. El primero es que se han abierto cauces, brechas o vetas de una oposición que aunque desorganizada, ahora conoce que seguirá un complejo proceso y que, de acuerdo a la coyuntura, la reacción gubernamental que recibirá variará entre la diatriba y los actos de fuerza o de poder ; más lo primero, pues los efectos, luego del triunfo del sí, recaerá forzosamente en la Legislatura y allí ni el pobre Consejo de Participación Ciudadana podrá ofrecer su apoyo bomberil . Incluso, la tipificación penal del ‘enriquecimiento privado ilícito’ o la no afiliación al IESS tendrán un trámite legislativo ordinario. Entonces, se comprobará que no existe mayor o casi ninguna relación entre el triunfo del sí y la seguridad ciudadana. Todo se pudo hacer sin la consulta; máxime con la actual y libérrima mayoría legislativa. De esto se deduce que lo que se requería era de un plebiscito a favor del Régimen, luego -lo más importante- la administración de la Función Judicial como lo son ahora los órganos de control.

El problema mayor radica en el área de la justicia. Es un procedimiento directo y no requiere de participación de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional de Justicia o del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, los que solo deberán designar a sus paniaguados para la conformación de la comisión tripartita. Luego -porque los 18 meses corren rápidos- empezarán las designaciones judiciales y los primeros magistrados recibirán con seguridad importantes causas, cuando aun rija el mandato de este ‘Comité de Salvación Pública’ a la usanza de los jacobinos en la Revolución Francesa.

Lo único que puede aliviar tan desolador panorama es que para entonces por lo menos la mayoría de los actuales miembros de la Corte Constitucional hayan partido a un exilio moral permanente de la función pública, si se aplican y no se interpretan políticamente los artículos 25 del Régimen de Transición y 434 de la Constitución. No importa que los nuevos miembros sean de la misma especie, pues sigue rigiendo el adagio de un libro antiguo que dice “Tanto va el cántaro a la fuente hasta…”.

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