Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe, dice el adagio. A tal punto llegó la situación del caos organizado en la Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre que el Primer Mandatario reconoció y pidió disculpas luego de visitar una dependencia en Los Ríos, pero la queja por el mal servicio ha sido generalizada. Lo saben los usuarios y así se han expresado.
Desde hace tiempos se vienen señalando errores, incumplimientos, irregularidades y horrores en materia de transporte terrestre y en lugar de mejorar la organización, regulación y controles el saldo ha sido peor que antes, con una circunstancia especial: antes de implementar la nueva institucionalidad el organismo terminó el 2008 con un presupuesto aproximado de 10 millones USD, según testimonio del ex director, nombrado en esta administración. A partir del 2009, con el director que acaba de salir, la Agencia pasó a manejar más de 10 veces ese monto y los resultados han sido paupérrimos: crecieron los accidentes, el número de muertos y heridos y se multiplicaron las denuncias de corrupción. Lo que sí crecieron fueron los contratos y adquisiciones de equipos y materiales. Incluso, la Contraloría le glosó al director renunciante en cerca de USD 900 000 solo en el rubro de la compra de materiales de escritorio, vía emergencia. Ni hablar de los tirantes que se hacen pasar por chalecos, comprados al por mayor a costo altísimo –según la denuncia de Justicia Vial- y que se puede verificar en las calles a quienes conducen motocicletas.
Se reclamó nueva ley y se aprobó en Montecristi. La Asamblea le dio gusto con nuevas reformas, vigentes desde marzo último, y los servicios siguen pésimos, a sabiendas que la ley no arregla el problema sino su aplicación. Basta hacer un inventario de incumplimientos y cuentas pendientes. La ley dio 180 días para establecer la enseñanza obligatoria de seguridad vial y tránsito en todos los establecimientos públicos y privados. Resultado pendiente. Otorgó 90 días para que todas las cooperativas estén al día con sus obligaciones al IESS. Resultado pendiente. Garantiza la lucha contra la corrupción y lo que ahora más se conoce es eso, como denunciara Justicia Vial.
Ahora proliferan las quejas y denuncias. Según Guillermo Abad, de Justicia Vial, al director saliente y al subsecretario de Transporte más les interesó los business (negocios) antes que el servicio y por ello deben responder legalmente. A criterio de Guillermo Ramos, iniciador de este cambio en esta administración, han hecho puros negocios sin importarles los muertos y heridos; han comercializado con la vida de la gente y pregunta: cómo es que el Presidente se da cuenta recién de esto? El gerente de Aneta, Gorky Obando, compara esta situación con la de otros países de la región y admite el retraso.