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Miércoles 15 de agosto 2018

Decretar subsidios es fácil y siempre han sobrado razones populistas para hacerlo. Pero eliminarlos o focalizarlos, causa temores y tembladeras. No importa que estén convencidos de que los subsidios benefician a quienes no lo requieren o, peor aún, van en beneficio de los ciudadanos de los países fronterizos.

Más allá del baile de cifras y mensajes contradictorios de las autoridades, parece claro que los subsidios a los combustibles valen alrededor de USD 3.000 millones anuales, tomando en cuenta la diferencia de precios entre los combustibles que se compran en el mercado internacional y se venden localmente a precios inferiores, y el costo de oportunidad del crudo que se entrega a las refinerías nacionales a valores menores a los que se podría exportar. Y es claro que la situación fiscal -producto mayormente de la “década ganada”- es tan crítica, que habrá que tomar decisiones valientes y oportunas.

Eliminar los subsidios a los combustibles no es la única alternativa para equilibrar las cuentas fiscales. Subir el IVA en dos puntos porcentuales, al 14% en lugar del 12% actual, daría un efecto cercano. Pero igualmente tendría efectos políticos negativos. Y lo más criticable, sería que se deja intocado un problema viejo que produce graves e injustas distorsiones, como que los subsidios favorecen a quienes más consumen, esto es a personas de mayores ingresos, y que es fuente de corrupción a través del contrabando fronterizo.

El gobierno no puede comprometer su estabilidad. Sería una catástrofe nacional que los grupos de Correa, que todavía existen y que tienen tentáculos en la propia administración, se aprovechen de un error político de Moreno para retomar protagonismo y así enterrar los enormes actos de corrupción que, por lo pronto y faltan los casos más gordos, tienen contra la pared al caudillo y medio gabinete. Pero el tema económico ha esperado 15 largos meses y no va más. Tampoco cabe que la ciudadanía acepte nuevos sacrificios si al mismo tiempo no hay una reducción proporcional del gasto público. Los analistas señalan que el gasto corriente en lo que va de 2018 ha aumentado frente al mismo período del 2017, lo cual es francamente inaceptable.

En definitiva: eliminar el subsidio a todas las gasolinas y pedir el respaldo de los ciudadanos ante una posible arremetida de la “fuerza amarilla”, los taxistas; compensar una subida del gas aumentando en la misma magnitud el bono solidario, alguna medida equivalente para el gas que se vende en el campo; y aumentos de 3 o 4 centavos mensuales en el diésel. Y -fundamental- que todos los ministerios y empresas públicas recorten su gasto corriente en 10%. Siempre será posible hacerlo. Cada ministro verá en donde recortar. No es agradable ni fácil, como no lo es al padre de familia rebajar la compra del pan, la leche o el arroz. Pero las circunstancia obligan.