La bruma espesa parecía disiparse con el advenimiento de un joven presidente que ofreció luchar contra la impunidad y defender a la Fiscal Diana Salazar, heroica mujer que, al publicar una enorme cantidad de chats grabados en el teléfono de un capo mafioso asesinado, expuso valientemente la impactante realidad del narcoestado que, infiltrado en todas las esferas de la sociedad, como lo advirtió el Dr. Francisco Huerta Montalvo, se ha tomado la nación. Ojalá “el pacto de gobernabilidad” que ha suscrito el primer mandatario, no le conmine a incumplir sus ofertas, hecho que culminaría con la esperanza de dar fin a esta etapa de oscurantismo y destrucción de la seguridad y de la integridad ética.
El país está escindido en dos grupos: uno, de la gente buena que anhela recuperar la justicia, la paz, la honestidad, mediante un total respaldo a la admirable gestión reivindicadora de la valiente Fiscal General y el otro, plagado de ciegos cuyo fanatismo les impide ver el desastre moral y les convierte en defensores de esos políticos corruptos que, en su desesperación por enriquecerse, no tuvieron aspaviento de recibir coimas, firmar contratos tramposos, aprovecharse de monumentales sobreprecios y negociar con el narcotráfico para beneficiarse mutuamente.
Esta compleja situación obliga a decidir a la colectividad si permite que el país sucumba ante el narcoestado o si reacciona y emprende una lucha por rescatar y liberar a la patria de estas noxas que la destruyen.
La labor decidida y firme de fiscalía ha devuelto el optimismo de ver alcanzable la recuperación nacional, pero la gesta para lograrlo requiere la participación activa y la voluntad política para avanzar en la lucha. El ejecutivo debe sincerar su gestión y liderar, con decisión, el real cambio de rumbo, no permitir que el grupo parlamentario obcecado en el único objetivo de alcanzar la impunidad de sus compañeros sentenciados por actos delincuenciales, enjuicie a la Fiscal General, a la que consideran el obstáculo a destruir.
El país reconoce en la doctora Diana Salazar a la lideresa que ha desbrozado el camino hacia la justicia y la libertad y clama porque confluyan a ese esfuerzo los complementos que en otros países contribuyeron al éxito del combate a las fuerzas del mal. La Asamblea está obligada a aprobar la extradición de los delincuentes, la ley de prescripción adquisitiva de dominio y a elaborar una ley que obligue a la devolución del dinero mal habido, como condición previa al otorgamiento de libertad a los malos funcionarios que están en prisión. La justicia debe ser saneada de jueces, fiscales y abogados que han decidido trabajar para los delincuentes a cambo de altas cantidades de dinero, sabedores que están frente al riesgo de ser expulsados de su profesión. Es indispensable sancionar a policías y militares contaminados y estructurar grupos de élite con los mejores hombres. Urge perfeccionar la inteligencia y contrainteligencia, buscar apoyo internacional y evitar la participación de los delincuentes en política, pues es una simbiosis muy peligrosa, no se sabe cuál es el político y cuál el traficante o si son iguales. Es vital la participación y la veeduría ciudadana.
El rescate se ha iniciado, hagamos del nuevo año 2024 el año de la recuperación de la patria mediante la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.