Otra reestructuración
En la pregunta 4, una de las más importantes del referéndum propuesto por el Jefe de Estado, se auscultará al “soberano” si está de acuerdo en que el Consejo de la Judicatura sea sustituido por una “comisión técnica”, compuesta por delegados del Presidente de la República, la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia (en la práctica todos del Ejecutivo), para que, en un período de 18 meses, asuma todas y cada una de las funciones de dicho órgano y reestructure el sistema judicial, víctima de tantas vicisitudes a lo largo de la historia.
En otras palabras, que se autorice al presidente Correa, para que, como ha planteado en forma reiterada, “meta sus manos” en la Función Judicial, la reestructure a su arbitrio, y complete así el control total del aparato administrativo del Estado.
Ante las múltiples denuncias de inoperancia y corrupción en diversos niveles de la Función Judicial, hay consenso para que se realice una pronta e integral reestructuración de ese sistema. En lo que se discrepa es en la forma. Juristas y ciudadanos serios del estado llano, inclusive destacados ex colaboradores del Régimen, consideran que este proyecto del Ejecutivo constituye un nuevo atropello a la estropeada Carta Magna.
No sería la primera vez que el Gobierno meta una o ambas manos en otra Función del Estado. Ya lo hizo en el Congreso Nacional, por ejemplo, cuando, con artificios legales y, a través del Tribunal Supremo Electoral, destituyó de un golpe a más de sesenta diputados que se oponían a sus malabares políticos.
Luego de que la Constitución de Montecristi cambió el nombre de Corte Suprema a Corte Nacional de Justicia y redujo el número de magistrados de 31 a 21, se recurrió a un sui géneris sorteo para eliminar a los 10 sobrantes, sistema que fue considerado humillante e indecoroso por casi la totalidad de los ministros de la Corte, por lo que renunciaron y tan sólo se mantuvieron en sus cargos poquísimos magistrados, entre ellos José Vicente Troya, que asumió el trono de ese mamotreto, y el actual presidente, Carlos Ramírez, quienes, con el beneplácito de AP, designaron a dedo a los nuevos ministros jueces de esa Corte, que, para algunos entendidos, resultó peor que la nefasta Pichicorte.
El presidente Correa la califica de “antro de corrupción” y “una de las peores de Latinoamérica”.
Juristas respetables consideran que es indispensable una verdadera reestructuración y despolitización del sistema judicial, lo cual está por verse.
No un simple cambio de nombres. Los resultados que se obtengan repercutirán directamente en la tremenda inseguridad que soporta el país.
