Concuerdo en que es necesaria la reestructuración total de la Función Judicial (FJ), pero no estoy de acuerdo con que se pretenda meter la mano a la justicia desde ningún otro poder del Estado. La FJ tiene que gozar de independencia absoluta.
Me parece muy bien que el Consejo Temporal de la Judicatura (CTJ), haya anunciado que desea aumentar mil judicaturas en todo el país y que va a establecer el concepto de “unidades judiciales” en lugar de juzgados, para cuyo efecto, el Ecuador será dividido en circuitos; cada uno en conjunto formará un distrito. Con lo que no estoy de acuerdo es que los miembros de este Consejo hayan sido designados de la forma en que se lo hizo, dado que esto les resta credibilidad. Ellos debieron haber sido designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previo concurso de oposición y méritos, como lo establece la actual Constitución.
Estoy de acuerdo con que en cada Unidad haya un administrador del despacho para que sea responsable de su administración, de tal manera que el Juez pueda dedicarse solamente a administrar justicia, como le corresponde. Criterio con el cual se creó el Consejo Nacional de la Judicatura (órgano administrativo de la FJ), ya que la administración de justicia debe quedar exclusivamente en manos de los jueces que conforman las Cortes y juzgados del país.
Ojalá que el CTJ consiga los fondos necesarios para reorganizar la administración de justicia en nuestro país, comenzando por dotarla de la tecnología de la que carece actualmente, de tal manera que se garantice el acceso a la justicia para todos los que requieran de ella.
En cumplimiento a lo establecido en la última consulta popular, el CTJ ha anunciado que va a convocar a concurso público para reestructurar la Corte Nacional de Justicia y escoger a los 21 jueces que deben formar parte de ella. Esperemos que el reglamento que regirá el concurso de oposición y méritos con el que se deberá elegir a sus magistrados, sea por demás idóneo. Es indispensable que todo funcionario judicial sea designado previo concurso de oposición y méritos y no a dedo, como se ha hecho durante años.
Los jueces temporales deben ser elegidos del banco de funcionarios elegibles que reposa en el Consejo de la Judicatura, pero sujeto a que el reemplazante tenga la misma especialidad que el reemplazado, ya que no caben jueces “todólogos”.
Bien ha hecho el Fiscal General en reconocer que en nuestro país hay una grave situación de impunidad y que es necesario evaluar la gestión de los fiscales, como lo debe hacer el CTJ con los funcionarios judiciales en general.
Esperamos que la reestructuración de la FJ que está en marcha sea exitosa, por el bien del país, el cual no podrá salir adelante con una administración de justicia que, en gran parte, está politizada y corrompida.