Ernesto Albán Gómez

Recapitulemos

Me parece oportuno a estas alturas, recapitular los acontecimientos de las últimas semanas, pues hay que extraer de ellos importantes conclusiones que deberían ser tomadas en cuenta en el futuro.

La primera es admitir la legitimidad del juicio político como elemento propio de un sistema democrático. En su esencia, ninguna autoridad, empezando por el presidente de la República, está exenta de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y puede ser enjuiciada y destituida si se prueban las acusaciones que se le formulen.

La segunda es exigir que en el desarrollo del juicio político se observen con especial rigor las reglas establecidas en la Constitución, en la ley y en la lógica del debate y de las resoluciones parlamentarias. En este caso ocurrió todo lo contrario. Predominó la ligereza, el desconocimiento, la improvisación, en medio de gestos destemplados y frases ofensivas.

Hasta la Corte Constitucional pecó de ligereza, pues su dictamen, que dio paso a la acusación, se sustentaba en una “mínima verosimilitud” de los hechos que la fundamentaban. La gravedad del caso no puede quedar supeditada a estándares mínimos de aceptabilidad.

En mi opinión la tercera conclusión es que queda en entredicho la muerte cruzada, aunque haya satisfecho al país este “castigo” a la Asamblea. Pero se trata de una institución más propia de un régimen parlamentario: acaba de ser utilizada en España, pues en eso consiste precisamente la disolución del parlamento.

Aparte de la absoluta discrecionalidad que tiene el gobernante para recurrir a ella en cualquier momento, la muerte cruzada genera un anómalo período presidencial, que ahora será de año y medio, tal vez menos. En tales condiciones ¿puede un gobierno planificar con seriedad su gestión? Ya veremos lo que ocurra en este mismo año.

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