Rodrigo Albuja Chaves

Los políticos a prueba

Se expidió finalmente el decreto disponiendo la disolución  de la Asamblea Nacional. Se esperaba este suceso  anunciado y, en medio del juicio político al presidente de la república, entramos a una etapa de expectativas.

La decisión ha producido un efecto especial: todos están contentos. La justificación no muy convincente para la disolución de la Asamblea – grave crisis política y conmoción interna- no ha sido obstáculo para que los diferentes sectores políticos y la ciudadanía acepten la medida.  Las especulaciones y  los análisis subjetivos, más que de hondo contenido jurídico, priman en  las opiniones de quienes coinciden o no con la existencia de una situación de conmoción interna en el país. Quizás una conclusión sujeta a mayor análisis sea la de considerar a la muerte cruzada como un  experimento inconveniente, y aún peligroso, para el país: cunde la laxitud para invocar justificaciones que no están sujetas a ningún examen previo  de la Corte Constitucional, como sería legítimo. La decisión tomada se torna poco estricta moralmente.

Terminadas  las tensiones derivadas del juicio político, el país entra ahora a un nuevo proceso electoral, con la promoción de numerosas  precandidaturas. No es posible vislumbrar aún propuestas claras  para definir en un plazo muy corto las reformas a las estructuras políticas y sociales que requiere el país. No es la hora de improvisaciones ni de la exhibición de algún motivo de notoriedad fugaz para aspirar a la presidencia de la república. Es hora de recuperar la majestad de la primera magistratura exigiendo méritos demostrados por una probada vocación de servicio y por  un profundo conocimiento de la realidad nacional, de modo de ubicar con certeza sus problemas y los medios para superarlos.

El presidente de la república tiene la gran responsabilidad de entregar el país en las mejores condiciones que sean posibles. Esto implica sabiduría para diferenciar lo urgente de lo importante. Las eventuales modificaciones al actual marco jurídico y tratamiento de  problemas muy sensibles, deben sujetarse a la necesaria discusión con las diferentes fuerzas sociales y políticas. El país debe estar atento.