El Gobierno Nacional del Ecuador ha rechazado con singular energía, en términos que merecen cuidadoso análisis, las declaraciones de los presidentes de Bolivia y Venezuela sobre la orden de prisión preventiva dictada en contra el ex presidente Rafael Correa por una Juez de la Corte Nacional de Justicia.
El Comunicado Oficial anunciado por el Canciller el 4 de julio rechaza los pronunciamientos de dichos mandatarios porque “intentan desprestigiar la institucionalidad democrática del Ecuador y la independencia de funciones que, como estado democrático, se protege;” y exige “respeto al trabajo que el Poder Judicial está realizando en el Ecuador”, pues “cualquier cuestionamiento a las decisiones judiciales va en contra de los principios del Estado de Derecho que rige en nuestro país.” Estos términos merecen, a mi juicio, el más pleno y decidido apoyo.
Dicho esto, me resulta aún más notable y digno de aplauso lo que este Comunicado Oficial no dice: no rechaza el hecho mismo que los presidentes Morales y Maduro hubiesen hecho declaraciones sobre asuntos ecuatorianos, no las tilda de “intromisión indebida en asuntos internos”, no coloca entre el Ecuador y el mundo aquel escudo -el principio de la no intervención- tras el cual se han parapetado indignamente tantos gobiernos de la región, notables entre ellos los de Cuba, Venezuela y, más recientemente, Nicaragua, abusivos de los derechos ciudadanos y de la institucionalidad. Lo que sí hace el Gobierno del Ecuador es defender otros principios: el Estado democrático y de derecho, la institucionalidad del Poder Judicial y la independencia de las funciones del Estado.
Desde este espacio de opinión me he permitido solicitar varias veces al Gobierno Nacional que por favor nos brinde evidencias claras y coherentes de un cambio de rumbo respecto de las funestas políticas, tanto internas como externas, del régimen anterior. He aplaudido las acciones y decisiones que en efecto han señalado nuevos rumbos, pero también he cuestionado la evidente falta de coherencia entre esos pasos alentadores y, del otro lado, la continuación de una política exterior orientada por la ideología del Socialismo del Siglo XXI antes que por la defensa de los principios que ahora -¡qué refrescante resulta!- vemos defendidos en el Comunicado Oficial que comento.
La alentadora nueva evidencia de que el rumbo está cambiando se verá claramente reforzada en el momento en que, en plena concordancia con la Declaración de Riobamba y con la Responsabilidad de Proteger, y más allá de no invocar el principio de no intervención, el Gobierno Nacional exprese claras e inequívocas condenas de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la institucionalidad que se han dado y se siguen dando en varios países de la región.