Buscando una salida
A partir de hoy, con el arribo del Papa, la pugna política que vive el país hará un paréntesis. Serán días aprovechados por el Gobierno y los grupos de oposición para tomar fuerzas y reorganizar su estrategia de lucha.
Pero esta pausa obligada también podría ser aprovechada por ambas partes para pensar en una salida a este conflicto político que, por ahora, solo da visos de empeorar. Ni al Gobierno ni a las fuerzas de oposición les conviene que la confrontación siga escalando hasta volverse inmanejable.
Hay varias alternativas para hacer que los niveles de enfrentamiento comiencen a remitir. El archivo definitivo de las leyes que detonaron este movimiento de protesta resulta, a estas alturas, insuficiente e insatisfactorio. Por esta razón, el Gobierno y la oposición deberían encontrar una iniciativa que sea capaz de aplacar el descontento popular y vuelque la atención de los ecuatorianos hacia la consecución de un objetivo común. Ese objetivo común es, como he dicho anteriormente, la defensa de la dolarización.
Para que sea creíble, una iniciativa como aquella debería ir precedida de una serie de medidas económicas puntuales que tendrían que ser previamente discutidas y acordadas entre las partes en conflicto.
Un elemento concreto de esa serie de medidas podría ser el desmontaje paulatino de los subsidios indiscriminados a los combustibles. ¿Por qué? Esta semana, el precio del WTI empezó su tránsito hacia la baja. El viernes pasado cerró en 55,37 dólares por barril, tras caer nada menos que cinco dólares en tres días consecutivos. El descenso sostenido del WTI ofrece una magnífica oportunidad para racionalizar este subsidio oneroso e inequitativo (porque favorece a los ricos), sin provocar un impacto abrumador sobre los precios finales de los derivados.
El año pasado, las pérdidas que originaron los subsidios a la gasolina, el diésel y al gas licuado fueron de 3 900 millones de dólares, un volumen enorme de dinero que debería ser utilizado más eficientemente para ayudar a los pobres. El desmontaje de este sistema irracional y la implementación de un esquema más eficiente de subsidios sería una muestra clara de que el Gobierno desea combatir la pobreza y, también, proteger la dolarización, ordenando las finanzas públicas.
Se trata, en definitiva, de diseñar una solución económica para un conflicto político. Encontrar una agenda económica común es, en las actuales circunstancias, el único mecanismo que permitirá sortear la ceguera ideológica que sufre el Gobierno y que ahora también amenaza con afectar a la oposición.
Los políticos exitosos saben cuándo empezar una lucha y también cuándo terminarla. Los líderes de este conflicto en el país deben mostrar que no solo saben pelear sino también negociar.