Diego Araujo Sánchez

Nunca más otro octubre

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Martes 13 de octubre 2020

Hace un año, desde el 3 hasta el 13 de octubre, dentro del contexto de las movilizaciones indígenas y de grupos sociales para rechazar el decreto por el que se eliminaban los subsidios a las gasolinas y el diésel, se produjeron múltiples actos de vandalismo. Esos días dejaron más de USD 800 millones en pérdidas económicas para el país. Y hubo también excesos en la represión por controlar las manifestaciones que dejaron, lo cual es más grave, irrecuperables pérdidas de vidas humanas.

En Quito, un hecho repudiable fue la quema y destrucción del edificio de la Contraloría del Estado. Grupos criminales entraron al asalto, destruyeron muebles, instalaciones y equipos de computación, sustrajeron y quemaron documentos y prendieron fuego para calcinar vehículos y dejar en ruinas el edificio.

El contralor Pablo Celi denunció entones una “conspiración planificada para destruir los archivos de las auditorías y exámenes especiales” que realiza la entidad. Se evidenciaron actos provocados en intento de tapar las investigaciones de corrupción.

Veintisiete ciudadanos fueron apresados en el interior del edificio y procesados inicialmente por terrorismo, pero la Fiscalía los investigó después por sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de archivos. Sin embargo, transcurrido un año de ese acto criminal, no existen detenidos ni castigados.

Tampoco la empresa aseguradora ha indemnizado aún a la Contraloría por los incendios del edificio, de los vehículos quemados y los equipos electrónicos destruidos.

Pero hay otros delitos en la impunidad. ¿Quién responde por los periodistas detenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura, que tuvo como repudiable colofón la criminal agresión contra Freddy Paredes, de Teleamazonas? ¿Por el llamado hecho a las FF.AA. del dirigente Jaime Vargas a desconocer al Gobierno del presidente Moreno y por vejar de palabra de una forma burda al Primer Mandatario? ¿Y por los grupos de la fuerza pública secuestrados y maltratados por los manifestantes? ¿Y por la toma de campos petroleros y paralización de su producción? ¿Y ha llegado la justicia de una forma eficaz hasta los instigadores de las acciones dirigidas a desestabilizar la democracia? Junto a esas violencias se registraron también excesos perpetrados por elementos de las fuerzas de seguridad, según documentada denunciada de organismos de derechos humanos. “Es indispensable para disuadir tanto futuros abusos policiales como delitos de los manifestantes que todos los responsables por los abusos cometidos en octubre de 2019 rindan cuentas ante la justicia”, señaló José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

Nunca más otro octubre como el del año pasado. Pero para que sea eficaz ese “nunca más” no deben seguir los delitos en la impunidad.