La Universidad chilena de Talca, encargada de evaluar la situación de nuestra administración de justicia, luego de indagaciones y estudios sobre la realidad comienza a revelar un hecho para nosotros más que conocido: la estructura administrativa es caduca; la caducidad crea impunidad; la mayoría de juicios no termina. Desde el nuevo Consejo de la Judicatura revelan, algo también muy conocido: hay demasiados juicios para tan pocos jueces, lo cual explica la acumulación de causas que se quedan en el camino o prescriben.
Talca ofrece para octubre el informe completo de consultoría, que inició en febrero de este año, con 12 consultores chilenos y 200 estudiantes ecuatorianos de 10 universidades. La investigación se refiere únicamente a la rama penal. La civil, laboral, administrativa, tributaria y la que origina angustia, la de la niñez y adolescencia, a lo mejor serán auditadas más tarde, o nunca. Lo apremiante, hoy por hoy, es la penal, en la que incide la mayor cuota de escándalo público, por acusaciones y denuncias; por órdenes de prisión preventiva, por condenas de todo estilo; en algunos casos, de operación puramente política dirigida contra personas y empresas que no agradan a la administración política.
Que deben haber unos cuantos sinvergüenzas administrando “justicia”, es verdad; pero de allí a calificar a todos los miembros de la Función Judicial como corruptos o vendidos, hay una buena distancia. Ya están reconociendo que hacen falta más jueces, reclamo que se ha hecho desde años atrás sin merecer atención; que la cantidad de demandas y denuncias es tal que los actuales aunque trabajasen 24 horas al día, nunca alcanzarán a culminarlos.
Nadie ha querido dialogar con jueces y fiscales para introducir las constantes reformas que se publican en el Registro Oficial, en cuanto al trámite.
Por ahora cabe mencionar una, introducida el 24 de marzo del 2009: si el fiscal resuelve no acusar y el proceso va en consulta al fiscal superior, esta norma dispone: “De ratificarse la no acusación, el juez de garantías penales deberá emitir el correspondiente auto de sobreseimiento”… etc.
Con esta base legal, el éxito de un acusado está en convencer al fiscal de primer nivel que se abstenga de acusar; y volver a convencer al fiscal superior para que ratifique esa abstención. Así, el juez, cual un subordinado cualquiera y hasta robot, sin más que hacer emite sobreseimiento y el acusado queda triunfante y con el producto del delito para disfrutarlo.
Otra: sino se llega al extremo de que preparen la sentencia afuera de un tribunal y los jueces simplemente la transcriban al expedir su fallo.
El nuevo Ministro Fiscal General deberá conocer y actuar para corregir situaciones relacionadas con la competencia en la administración de justicia.
¡Que juzguen los jueces y no los fiscales!