María Cárdenas R.

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Viernes 26 de agosto 2011
26 de August de 2011 00:01

Siento vergüenza ajena cuando sé que tras profesionales y ciudadanos, cultos, preparados, supuestamente respetuosos amantes de su ciudad, se esconda gente que no siente pena alguna de actuar como ladrones, al oscuro de la noche. Se discutirá quiénes son los dueños verdaderos y sobre todo dirán que la equivocación está en las manos de otro, el Municipio de Quito. Dirán que algún juez lo permitió. Dirán tantas cosas, que algunas, hasta gracia causarán. Pero si contaban con los permisos y protecciones judiciales, si la casa ya no era considerada un bien patrimonial, ¿por qué lo hicieron a la madrugada y en día feriado?

No quiero saber sus nombres, no merecen ser mencionados y menos aún recordados, pero me indigna su actuación y la defensa que van comenzando a armar. Me molesta pensar que muchas de las casas, como la Casa Coloma, muestra de la arquitectura neo colonial clásica de la Avenida 12 de Octubre, de las cuales pocas sobreviven, hayan sido destruidas en similares circunstancias pero sin la suerte de encontrarse con una vecina testigo que decidió hacer algo y defender nuestra riqueza cultural. Esta vez el lío se armó por coincidencia, por que alguien decidió tomarse la molestia de reclamar y entonces toda la maquinaria de la prensa, del mismo municipio, se puso a funcionar. Los concejales dan sus versiones, los abogados defensores de los destructores dan la suya, los historiadores defienden la casa conjuntamente con la ciudadanía, los reportajes en los diarios son espeluznantes y nos obligan a ver la realidad, pues en muy pocos casos se ha respetado la ordenanza que rige el patrimonio cultural. Pocas son las casas que guardan su estado original a pesar de que algunas si obtuvieron permisos para “arreglos menores” que determinaron el cambio total de sus fachadas, tejados y jardines.

La indolencia me causa dolor y de un lado y otro, del ilegal y del legal, seremos testigos cercanos de cómo se hacen las cosas en realidad. Ya han dicho que si hubo negligencia por parte del municipio, el o los causantes serán duramente castigados; ya se ha hablado incluso de prisión para los destructores, pero siempre jugarán al infantil juego de “de mis manos ya pasó” y a la larga, lo que nos quedará en una importante esquina de la urbe, será una casa medio destruida por largo tiempo. Deberían obligar a su reconstrucción, aunque su valor ya nunca será el mismo, al pago de una alta multa y a la cárcel si así lo dicta la ley para que nunca más vuelva a suceder. Solo nos queda esperar para ver qué logra nuestro municipio. Ojalá no sea el permiso para un moderno edificio que en nada favorezca la cara de la ciudad y menos respete su patrimonio arquitectónico, nuestra riqueza.