Eric Leeper, profesor de Macroeconomía de la Universidad de Virginia, algunos años atrás efectuó un importante trabajo en el marco de la estabilidad económica y su relación con la política monetaria y fiscal. En cortas palabras él demostraba que aun cuando existan estos dos brazos de política económica, ambas no pueden jugar de la misma forma. Cuando una sea la que esté activa, la otra tiene que asumir un rol pasivo. Caso contrario, la economía entraría en una senda de profunda inestabilidad.
Una política monetaria activa se da por ejemplo cuando el Banco Central, a través de operaciones de mercado abierto, busca generar cambios en la oferta de dinero de la economía que a la postre influenciarán el PIB, los precios y el empleo. En nuestro caso, al estar dolarizados, esta política no existe y, en consecuencia, nuestra política fiscal es la que tiene que asumir un rol activo.
En este sentido, desde el 2000 hasta la fecha, los gobiernos en el Ecuador tendrían que haber administrado los ciclos de la economía a través del gasto público, el endeudamiento y de su política tributaria. Sin embargo, las críticas más álgidas de los gurús a las diversas administraciones gubernamentales en este tiempo han pasado paradójicamente por sus manejos en la política fiscal.
Lo cierto aquí es que las recientes reformas tributarias han traído consigo algo que va en línea con los hallazgos de Leeper. Y es que estas han dado al Ejecutivo la capacidad para determinar tarifas de ciertos impuestos dentro de un rango determinado, cosa que antes no existía. Ahora, tanto en el IVA como en el ISD, el Ejecutivo tiene espacio de maniobra en lo referente a sus tarifas y con ello aumentar su rol activo en la política fiscal.
Esta innovación en el marco tributario, más allá de si fue casual o premeditada, pone a la política fiscal en el deber ser. Dicho esto, ¿será entonces que el siguiente paso debe ser la generalización de este concepto de la tarifa flexible a todos los demás impuestos?