El tremendo zarpazo lanzado contra la libertad de prensa por el Presidente de Ecuador, es la concreción de un plan concebido por su gobierno hace 4 años para acabar con toda expresión independiente o crítica en la sociedad, que se encamina con prisa y sin pausa hacia un Estado totalitario.
La brutal sentencia contra los propietarios y un columnista de El Universo, condenados a pagarle 40 millones de dólares al Presidente y a pasar tres años en la cárcel fue un fallo “a medida”. En poco más de 30 horas, un juez suplente tomó posesión, presidió el “juicio” (al que el Presidente asistió en persona), “estudió” un expediente de más de 5 000 folios, redactó (o le redactaron) una sentencia de 156 páginas y se retiró del cargo. Todo un récord. Y, toda una payasada impresentable en cualquier sociedad medianamente civilizada y respetuosa de libertades.
Desde que asumió la Presidencia el 15 de enero del 2007, Correa emprendió su cruzada para hundir a la prensa, siguiendo y, en ocasiones, superando los modelos argentino y venezolano. Primero aplicó la fase uno: el desprestigio de medios y periodistas. Abusando de las cadenas de radio y TV (solo en 2009 hubo 233, contra 142 de Hugo Chávez y 100 de Daniel Ortega), repartió insultos de todo tipo. Les llamó“corruptos”, “mediocres”, “mafiosos”, “miserias humanas”, “bestias salvajes”, “brutos”, “racistas”, “discriminadores” y “mentirosos”. Luego vino la etapa del hostigamiento: decenas de acciones judiciales y administrativas, incitación al público a accionar contra los medios, clausuras, incautaciones. Correa cuenta hoy con una veintena de medios: 5 canales de TV (TC Televisión, Gamatv, CN3, CD7 y Ecuador TV), 5 radios (ArturOh, Carrusel, Súper K 800, Universal y Nacional), cuatro revistas (La Onda, El Agro, Samborondón y Valles), tres diarios (El Telégrafo, El Ciudadano y el popular PP) y una agencia de noticias (Andes). Todos repiten el mensaje oficial.
La sanción de una nueva Constitución supuso un giro copernicano respecto al paradigma democrático republicano y liberal, comenzó a construir, paso a paso, un sistema jurídico para acallar “legalmente” a las voces disidentes. La Constitución dice que la información que se difunda debe ser “veraz”, “verificada”, “oportuna”, “contextualizada” y “plural”. Faltaba saber quién decidiría sobre esos “apellidos”. Entonces vino el proyecto de ley de comunicación. El proyecto se trancó en 2009 luego de recibir una severa crítica de la Relatoría de la OEA. Pero Correa estaba decidido a ser el “editor en jefe”. Y en mayo pasado llamó a una “consulta popular” para, mediante preguntas amañadas, conseguirse un “mandato popular” a efectos de plasmar su objetivo.
Con la condena contra El Universo, la tarea de demolición ya empezó.
*Director del semanario Búsqueda de Uruguay