El Gobierno tiene un excelente argumento económico para justificar políticamente una reducción importante de sus gastos: la recesión hacia la que se dirigen las economías industrializadas del mundo.
El recorte de gastos podría ser vendido a los segmentos medios y bajos de la población, no como un giro inesperado hacia la ‘ortodoxia económica’ sino, más bien, como el resultado de una situación externa adversa, sobre la cual las autoridades locales no tienen control alguno. Ese ajuste presupuestario no significaría que el Régimen estaría dando la razón a esos contadores que fungen de economistas. No.
La caída del gasto sería consecuencia de la crisis del capitalismo. Sería, en el fondo, una medida que nos conducirá, en el mediano plazo, a consolidar la filosofía del ‘buen vivir’ en un Ecuador por fin alejado del derroche y el consumismo.
Esa retórica podría servir para amortiguar el costo político que siempre conlleva una contracción del gasto. Aquel discurso podría dar pie a que finalmente el Gobierno comience a poner orden a las finanzas públicas, algo que, por su propio bien, requiere con urgencia.
Un rubro que deberá ser recortado es el de los salarios. Una porción importante de servidores públicos trabaja bajo contratos temporales. Esos contratos no deberían ser renovados para que se produzca un ahorro sustancial a favor del Estado. Como es obvio, esa medida causará desempleo pero, como he dicho antes, el Gobierno podrá echar la culpa de aquello a la crisis del capitalismo y no a que hizo mal sus cuentas de ingresos y gastos.
Otro renglón importante del presupuesto que deberá ser revisado es el de las inversiones. Muchos gastos que están catalogados como tales no son sino egresos corrientes. Esos rubros deben ser eliminados inmediatamente para que aquel dinero pueda ir a cubrir inversiones mucho más prioritarias.
Si hasta finales de año las autoridades pudieran reducir sus gastos hasta en un 10% le harían un gran favor al país porque estarían evitando que, a futuro, entremos en procesos de ajuste mucho más radicales, con costos sociales y políticos imprevisibles.
Las autoridades económicas deberían explicar al Mandatario y a su círculo más cercano de colaboradores que es ahora y no después –cuando las elecciones presidenciales sean inminentes– que el Régimen debe asumir un costo político por reducir el gasto, más todavía cuando ese ajuste fiscal puede ser atribuido a factores externos (al capitalismo salvaje y a la dolarización, por ejemplo).
Lo que sería inconveniente para el país –e incluso para el proyecto político del Régimen– es que no se hagan esos ajustes y se continúe gastando alegremente, como si nada hubiera cambiado en la economía local e internacional.