El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, hizo esta semana un pronunciamiento inesperado. Realizó un llamado a la Secretaría de Comunicación (Secom) para que dejara en suspenso el proceso de disolución de Fundamedios y así fortalecer los espacios de diálogo con las organizaciones sociales. Ayer, la Secom anunció que acogía el pedido del Defensor y archivaba el caso, aunque se ratificó en todas las supuestas violaciones cometidas por la ONG.
Esta vez, la intervención del Defensor fue oportuna para tutelar el derecho a la libertad de expresión, que es una facultad garantizada por la Constitución. En ese contexto intervino como un mediador, como el defensor del otro (Ombudsman), en este caso de una organización de la sociedad civil frente a una decisión del Estado.
Cuando se inició el proceso de disolución de Fundamedios, organismos y representantes de la sociedad civil del país, así como entidades internacionales y gobiernos cuestionaron la decisión de la Secom, como un grave atentado a la libertad de expresión.
La actuación de Rivadeneira se enmarca en esas circunstancias, cuando existe presión internacional contra el Régimen. Porque, hay que decirlo, el Defensor no ha sabido mantener una distancia ni una línea crítica hacia los actos del poder.
Varios botones de muestra. Desde su llegada al cargo, en diciembre de 2011, uno de sus temas emblemáticos fue impulsar la defensa de los ecuatorianos afectados por la crisis de las hipotecas en España, que también se convirtió en una prioridad del Régimen.
En los casos denunciados por organismos de derechos humanos como criminalización de la protesta social, el Defensor se limitó a anunciar que vigilará el debido proceso.
En las últimas movilizaciones en diferentes ciudades, donde hubo detenidos y heridos, incluidos varios policías, el Defensor prefirió emitir un pronunciamiento llamando a la paz en el sitio web institucional, y no intervenir públicamente para buscar un acercamiento entre los manifestantes y el Régimen.