En un video que dura menos de un minuto, se puede ver cómo un agente policial, el sargento Segundo Cañar, es asesinado. La secuencia provoca angustia. El asesino apunta con un arma de fuego, el sargento Cañar se mueve con su arma en la mano sin disparar. Segundos después es herido y muere. Este hecho reabrió la discusión sobre la policía, sus derechos, la criminalidad y los derechos humanos.
Temas recurrentes que regresan cada vez que se producen delitos violentos, un miembro de la Policía es herido o asesinado cumpliendo su trabajo o existe un abuso policial. Este debate suele situarse en los extremos, sin matices se presentan como incompatibles la lucha contra la inseguridad y el respeto a los derechos humanos, en donde se invoca la necesidad de “Bolsonaros” locales, un reflejo del desconocimiento o la mala fe que ha instalado en el imaginario social que los derechos humanos, y las organizaciones que los defienden o promueven, están del lado de la delincuencia y en una posición de hostilidad permanente con las fuerzas de seguridad. Falso.
Las organizaciones de derechos humanos rechazan los excesos y la falta de transparencia. Asumen un rol crítico con quien tiene un poder que está sometido a límites, denuncian los abusos y el uso selectivo del derecho penal, critican aquellas miradas que reducen la lucha contra la delincuencia al uso de la fuerza y las omisiones que conlleva el discurso de la seguridad como equivalente a represión. Sin embargo no niegan la necesidad de que existan políticas de seguridad y de contar con fuerzas policiales debidamente entrenadas y con recursos suficientes para cumplir con un trabajo que, en ciertas circunstancias, puede implicar el uso legítimo de la fuerza. La Policía tiene un deber central, velar por la seguridad pública y los derechos. Los policías son miembros de la comunidad con un trabajo especialmente complejo que les expone de forma permanente a riesgos, por ello tienen la autorización de portar armas, en un país que por regla general las prohíbe, y tienen la posibilidad de usar la fuerza en ciertas circunstancias y condiciones: necesidad, progresividad, proporcionalidad, moderación y legitimidad.
El uso de armas de fuego por parte de los policías está admitido en defensa propia o en defensa de terceros, cuando existe una amenaza inminente de lesiones o de muerte; evitar delitos graves que entrañen peligros para la vida; detener o impedir la fuga de quien amenaza la vida de otros; y, en todos los casos que otras medidas resulten insuficientes y no usarlas implique riesgo de muerte o lesiones graves para el policía u otras personas.
No es verdad que las normas de derechos humanos impidan el uso legítimo de la fuerza. Por ello el mejor homenaje al sargento Cañar es recordar que enfrentar el delito y la delincuencia es condición necesaria para garantizar los derechos de todos y que, en ocasiones, el uso de la fuerza se justifica.