El falso dilema del Yasuní

Hoy vamos a las urnas, por segunda vez en el año, y además de elegir Presidente de la República, deberemos también votar sobre si estamos de acuerdo ‘en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo’. Los debates que se han mantenido entre los ambientalistas y quienes son favorables a la explotación de petróleo en la zona se han basado esencialmente en el costo económico de parar la explotación.

Sin embargo, se ha obviado la parte fundamental de la discusión: la protección de la vida de los pueblos Tagaeri, Taromenani y otros, conocidos como ‘no contactados’, pero que, en realidad, son comunidades en aislamiento voluntario, es decir: ellos han decidido no entrar en contacto con la civilización occidental para mantenerse como pueblos ecosistémicos que reproducen su vida en los bosques primarios.

El debate actual ha dejado por fuera que en 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de los pueblos que habitan en la selva amazónica. La medida reza que, dado que la zona intangible creada en 1999 no se tradujo en un mecanismo de protección para los Tagaeri y Taromenani, les otorga medidas de protección y solicita al Estado que adopte acciones efectivas para proteger su vida e integridad personal, así como su territorio, garantizando que se impida el ingreso de terceros en ese espacio.

No obstante, incumpliendo dichas medidas cautelares, el gobierno de la Revolución Ciudadana impulsó el Bloque 43, donde desde 2015 ya se han producido cinco incidentes, entre derrames y vertidos de petróleo y diésel, que llevan a preguntarse, como lo plantea el sociólogo Pierre Bourdieu, qué nos impulsa a creer que la sociedad occidental, que tanto conflictos genera, es la medida universal para toda la humanidad, y qué clase de soberbia nos hace considerar que un puñado de dólares tiene más valor que la vida humana.