El presidente de la república presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. La propuesta apunta a la generación de nuevos puestos de trabajo, especialmente de jóvenes, la reforma tributaria y la atracción de inversiones. Son problemas que se han convertido en emblemáticas ofertas de campaña de todos los aspirantes a la presidencia de la república. Los logros han sido escasos frente a las necesidades nacionales; más aún, las cifras oficiales sobre sus avances no reflejan la realidad sentida por la población: más desempleo, menos inversiones, más pobreza.
La viabilidad del proyecto depende de su consistencia frente a las posibilidades que ofrece la coyuntura para efectivamente crear nuevo empleo. En ese reto, el contexto calificado por el mismo gobierno como de emergencia de la economía, que atraviesa su peor momento, es su verdadero determinante.
La creación de empleo ha sido considerada históricamente como el ámbito de acción en dondeel papel protagónico corresponde a las empresas: “son las empresas las que crean empleo”, se ha consagrado. En tan difícil misión se deja de lado la incidencia determinante de las decisiones de aumento de la producción -única razón para requerir más mano de obra- de acuerdo al volumen de consumo o demanda que presenta efectivamente la población.
Con la tendencia observada a la caída del consumo en el país, por baja capacidad adquisitiva y el desempleo, las empresas no demandarán nuevos puestos de trabajo porque no existen presiones para producir más. A lo mucho, entonces –y gracias a una no generalizada capacidad para atraer más demanda mediante el desarrollo de la innovación o con la reducción de sus costos o precios- se llenarán vacantes o se atraerá a trabajadores de la competencia, con lo que el resultado a nivel nacional es de suma cero en cuanto a la generación de nuevos puestos de trabajo.
La concesión de incentivos o ventajas a las empresas que creen nuevos puestos de trabajo, no puede ofrecer los resultados de reducción del desempleo mientras no exista aumento de la demanda que estimule la producción, es decir una coyuntura adecuada. Para que las empresas demanden más mano de obra con la expectativa de la reducción del impuesto a la renta, es lógico que se realizará un análisis del costo beneficio de la incorporación de incrementos de salarios, con los riesgos que implican para el empresario las perspectivas de aumentos futuros del costo de la mano de obra y los contingentes propios del trabajo humano.
La política de empleo debe sostenerse en la reactivación productiva con fortalecimiento de la capacidad dé demanda, lo cual requiere de inversiones públicas y privadas y de políticas concurrentes a ese fin. Esa es la coyuntura adecuada para la generación de empleo, es decir su artífice.
Si la política monetaria y la fiscal privilegian el equilibrio de los indicadores, en desmedro de la inyección de recursos para el dinamismo de las actividades de oferta y demanda, y si no se adopta una estrategia económica global que no sea la suma desarticulada de algunas de sus partes, las previsiones sobre el crecimiento seguirán siendo pesimistas.
Los desafíos laborales van más allá de la simple cuestión de la oferta y la demanda; se remiten al funcionamiento global de la relación salarial. El papel del Estado será entonces favorecer la creación de puestos de empleo mediante políticas de apoyo al crecimiento económico.