Una década después de haberse producido uno de los hechos derivados de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El máximo tribunal declaró la “responsabilidad internacional” del Estado ecuatoriano “por la violación a los derechos a la libertad de expresión, el principio de legalidad y otras vulneraciones”, en contra de los actores en el proceso. Se trata de Emilio Palacio, exeditor de Opinión, y de los principales directivos de El Universo, quienes enfrentaron un proceso penal por el delito de injuria calumniosa contra la autoridad.
A raíz de la publicación de un artículo de opinión en ese rotativo, en febrero de 2011, el exmandatario Rafael Correa impulsó un proceso judicial en contra de los involucrados. La justicia local falló a favor del expresidente y aplicó sanciones.
Como consecuencia, los imputados fueron sentenciados a tres años de cárcel y se impuso una multa de USD 40 millones. La sentencia fue ratificada en tres instancias judiciales. Posteriormente, Correa concedió el perdón de la pena y la condonación de la obligación económica.
El proceso recibió innumerables cuestionamientos por la forma y la agilidad con las que fue emitida la sentencia. Más allá de eso, el caso provocó un daño enorme en el ejercicio del periodismo y en el respeto a la libertad de expresión en el país.
El pronunciamiento de la Corte IDH reivindica la importancia que en toda sociedad tiene el respeto al derecho de la libertad de expresión. Además, es un llamado de atención a la justicia ecuatoriana, por la manera en que se sometió a las autoridades de turno y falló a favor de ellas.
Los gobernantes deben exponerse al escrutinio público, a la crítica y respetar el libre flujo de ideas. Sus funciones públicas así lo establecen.
Ahora, la Procuraduría General del Estado iniciará el proceso de repetición en contra de los funcionarios que tuvieron responsabilidad en la condena. Se trata de un nuevo proceso que irá a las cortes y pondrá a prueba a la justicia ecuatoriana.