Una historia mil veces repetida. Hoy el escenario de seis crímenes es Quevedo y las víctimas estaban relacionadas con el caso Big Money, cuyas investigaciones se mantienen sin conocimiento de la opinión pública, mientras el presunto responsable está a buen recaudo.
Las muertes en Quevedo no son simplemente otro caso aislado. La detección de una guía penitenciaria pretendiendo ingresar a la cárcel de Latacunga con droga y municiones, escondidas en su ropa, refleja que esas prácticas continúan. Las preguntas surgen por cuanto la hoy detenida ya había sido hallada en mayo en actos similares, ¿qué hace la justicia?, ¿por qué esa persona sigue en su trabajo como si nada hubiese ocurrido? Esto refleja un hondo problema sistémico sin atención. ¿Impotencia?
Para acrecentar el indispensable debate de la sociedad sobre estos temas, este Diario trae un reportaje en el cual los guías penitenciarios atribuyen a la irrigación de las acciones violentas en distintas cárceles -recordemos los motines aparentemente coordinados del 2020- al traslado de presos peligrosos a otros lugares de detención. Ellos llevan sus conceptos, fortalecen liderazgos y prácticas reñidas con la convivencia y multiplican el problema. Cuando Fausto Cobo recorrió el viernes la cárcel de Quevedo, constató la fragilidad de las instalaciones. Nuevamente hizo hincapié en el hacinamiento de los reclusorios.
En el operativo de Quevedo, 120 agentes de Policía ingresaron para desactivar nuevos focos de violencia, pero todo ello, una vez cometidos los crímenes. Muertos estaban.
La sociedad entera se pregunta: ¿Si se sabía que los ahora fallecidos podían ser piezas claves para desentrañar la trama del caso Big Money, la presunta monumental estafa y probable lavado de dinero, cuál es la razón para que esos detenidos no hubieran sido aislados y contado con protección especial?
El control de las cárceles debía ser inmediato. Ni con la emergencia ha funcionado. ¿Cuándo llegarán los cambios de fondo? ¿Cuántos muertos más tendremos que esperar?