En marzo próximo, la Organización de Estados Americanos (OEA), revisará la estructura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un baluarte de la lucha por ese derecho fundamental.
Uno de los temas a estudiar será el financiamiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión, que se nutre de fondos de donaciones de instituciones cívicas, lo que ha garantizado su autonomía e independencia.
Si los gobiernos no interfieren, su trabajo puede ser libre, sus informes no tienen presiones externas y su papel en defensa del derecho esencial de libertad de expresión puede pervivir.
En junio pasado en Bolivia tres gobiernos -Brasil, Ecuador y Venezuela- observaron el financiamiento, pidieron que se modifique y llevaron a la palestra el discurso político que evidencia la molestia del poder con el trabajo de la prensa, siempre curiosa frente a aquello que el ejercicio público quiere ocultar.
Uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión. La OEA, que fundamentó y firmó su Carta Democrática concebida en la defensa de la democracia representativa en el equilibrio de los poderes y su independencia, tiene entre sus valores la defensa de las libertades. La Relatoría ha cumplido un rol crucial en pro de los derechos ciudadanos frente al poder.