Inundaciones, ríos desbordados, carreteras inhabilitadas, pérdidas humanas y materiales… Estas son algunas de las afectaciones que Ecuador afronta cada año por las fuertes lluvias.
Dependiendo de la intensidad y los daños, la respuesta llega a las zonas impactadas con directrices ya conocidas. Entre ellas: evacuación de familias, movilización de personal de socorro y maquinaria, kits de alimentos.
El Plan de Desarrollo 2021-2025 señala que del 2017 al 2020 ocurrieron, entre otros eventos, 1 461 inundaciones. Y reconoce que se debe aumentar el nivel de eficiencia en el manejo de desastres naturales y reducir riesgos potenciales.
Las cifras de la época lluviosa del 1 de octubre del 2021 al 31 de mayo del 2022 demuestran que este planteamiento no se ha logrado.
En este periodo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos registró 1 815 eventos peligrosos por lluvias, que afectaron a 40 550 personas y 8 447 viviendas. 68 perdieron la vida.
Entre enero y el 20 de febrero del 2023 se han cuantificado 275 incidentes por lluvias con ocho muertos, 1149 afectados, entre otras afectaciones en 90 cantones.
Frente a este escenario repetitivo, al menos dos preguntas demandan mayor reflexión: ¿El Ecuador entiende qué es gestión de riesgos de desastres?, ¿Por qué se minimiza el riesgo y se espera para actuar en la siguiente catástrofe?
Si bien un país debe estar cada vez mejor preparado para afrontar desastres, no es menos cierto que lo más importante es la prevención de los mismos, para alcanzar un desarrollo sostenible y una sociedad más segura.
Es una realidad que los eventos adversos seguirán ocurriendo y no hay cómo evitarlos, pero sí es posible delinear un plan preventivo multinivel y multisectorial que limite la vulnerabilidad económica y social.
Una de las razones es porque la gran mayoría de veces afectan a las zonas más pobres y mientras más carencias tiene una comunidad, más vulnerable se vuelve a las amenazas naturales y al cambio climático.
Ecuador ha incluido la gestión de riesgos en la Constitución, en al menos en seis leyes nacionales y está en trámite para segundo debate en la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
Ahora, lo óptimo sería que todo este marco legal coadyuve a minimizar los riesgos identificados en territorio cada vez que el Ecuador enfrenta una amenaza natural.
De acuerdo con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Agenda 2030, las estrategias integrales de reducción del riesgo deben ir más allá de los sistemas de protección civil.
Hay que incluir otros elementos: gestión de riesgos urbanos, de cuencas fluviales, planificación ordenada del uso del suelo, protección financiera, reglas para la recuperación de la inversión pública, alertas tempranas, entre otras.
Por otra parte, una adecuada gestión de riesgos disminuye las pérdidas económicas. Según el Programa de las NN.UU. para el Desarrollo (PNUD) “el retorno de la inversión en reducción del riesgo de desastres es muy alto: cada dólar invertido en prevención supone un ahorro de USD 7 en pérdidas económicas”.