Fármacos caducados: más dudas que certezas

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Martes 10 de noviembre 2020

Las inconsistencias saltan a la vista. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social parece ser un saco roto en el que cae el dinero de los afiliados para llenarse de medicamentos expirados.

Produce escozor. Hablar de millones de dólares es, para el común de los mortales, una idea inalcanzable. Referidos a medicamentos expirados parece cosa de fríos números.

El que el desorden impere en los inventarios de las medicinas arrumadas en las bodegas y farmacias de los dispensarios y hospitales del Seguro Social, parece cosa natural.

Desprecio al recurso ajeno. Irrespeto a las cuentas claras que los afiliados a la Seguridad Social merecen. Ellos y solo ellos son los auténticos dueños del IESS. Ellos y solo ellos son los engañados de siempre.

Queda por saber si las autoridades de la Fiscalía llegarán a establecer por la vía judicial toda la verdad sobre los confusos manejos de los inventarios de medicinas.

Según Paúl Granda, expresidente del Directorio del IESS -hoy con arresto domiciliario, señalado por las compras en la pandemia-, cada hospital era una isla aparte. ‘No había planificación, cada hospital era un gobierno independiente’. El dinero dilapidado es, era, de los afiliados.

La historia se repite y la pregunta es si se puede tolerar que millones de dólares se paguen por medicinas que no habrán de ser consumidas. Si los inventarios en las distintas bodegas de dispensarios y hospitales no están consolidados, y si la caducidad puede ser remediada con restitución en los laboratorios o irán a la basura.

Lo mismo sucede con equipos sin uso adecuado, entre otros insumos.

En 2019, la actual gerencia del Carlos Andrade Marín (HCAM), uno de los grandes hospitales de todo el sistema del país y no solamente del IESS, hablaba de un perjuicio cercano a los USD 7 millones. Para el actual presidente del Directorio, entre 10 casas de salud se encontró medicina expirada por USD 5,7 millones y regresa a ver al HCAM.

La gerencia del hospital se defiende diciendo que la denuncia está en la Fiscalía. Los afiliados se preguntan si no habrá fórmula para superar las inconsistencias de los inventarios y si ese dinero mal gastado volverá algún día a sus auténticos dueños, casi nunca beneficiarios de un buen servicio. Hacen falta reformas de fondo.