Un IESS que sea de los afiliados y para ellos
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debe ser de los afiliados. Ese no puede seguir siendo un enunciado retórico.
Los cambios deben venir de una reforma de fondo, no de medidas parche o de cambios puntuales, sino con base en un estudio técnico solvente y con visión de futuro.
De un sistema de seguridad social sólido y viable depende la condición de millones de seres que trabajan y aportan toda su vida para tener pensiones dignas y atención en salud de primera línea. Hoy, esto no funciona.
Los afiliados demandan una cosa clara y que debe ser entendida en su totalidad y amplitud por los gobiernos. El dinero del IESS no es del gobierno de turno, pertenece a los afiliados. ¡Fuera el manejo político!
Por eso una reforma debiera empezar por reestructurar los equilibrios en el Consejo Directivo de la Institución. El Ejecutivo ha mandado y ha abusado sin contemplación del IESS.
Por ello, la noticia de la compra de bonos del Estado con una parte del pago de la deuda estatal no parece una buena idea. Al menos no desde la perspectiva del IESS, pese a que puede ayudar a una asfixiada caja fiscal.
Para evitar que los gobiernos echen mano del dinero del IESS, aquel Consejo Directivo no debe estar en manos del Régimen. El IESS ha sido caja chica y central de empleos de los gobiernos, y eso perjudica sus finanzas y su sostenibilidad en el tiempo.
Una reforma de fondo debe replantear el modelo de cálculo actuarial, que permita que la ampliación de la base de aportantes lo fortalezca hoy y garantice las pensiones de mañana.
En salud, el cambio debe ser de fondo. La demagogia hizo que crecieran las prestaciones hacia las familias de los afiliados pero sin que ellos aportaran más. Ampliar el servicio es aceptable, como modelo solidario, pero con una base técnica y financiera que garantice el flujo de recursos y no una quiebra segura.
La viabilidad del Seguro Social debe recibir propuestas claras de todos los candidatos presidenciales, sin demagogia y con sustento técnico, para garantizar la estabilidad de una institución vital para el país.
