Ecuador atraviesa la ecuación perfecta para el descontento social. Esta se nutre de una serie de medidas y situaciones que han mermado la calidad de vida de sus ciudadanos.
El aumento del IVA y del precio de los combustibles golpean directamente los bolsillos de las familias de ingresos medios y bajos. A su vez, incrementa la presión sobre una economía debilitada.
Las políticas fiscales, aunque justificadas para equilibrar las finanzas públicas, se implementan sin considerar adecuada y técnicamente el impacto en los más vulnerables.
La inseguridad es otro factor que aún no se supera. Una evidencia de esto es que el Gobierno sigue respondiendo con estados de excepción focalizados. Estas medidas, lejos de traer tranquilidad, afectan negativamente a las economías locales. Las actividades comerciales se paralizan y la sensación de desesperanza aumenta.
A estas crisis se suman las ineficiencias y la corrupción en los sectores de salud y seguridad social. La pandemia de Covid-19 expuso las debilidades del sistema de salud. Pero ni el anterior régimen de Lasso ni el actual han logrado romper con la corrupción, que erosiona la confianza de los ecuatorianos.
La falta de medicamentos e insumos médicos y, cuyas compras están asociadas a casos de corrupción, son una afrenta a la dignidad de los pacientes. Esto, sumado al desinterés de las autoridades por ejercer un mayor control a la práctica médica, genera un descontento social generalizado.
Los ecuatorianos merecen servicios de salud de calidad y transparentes, ya sea a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o del sistema público.
El desempleo y los bajos ingresos son las preocupaciones más evidentes. Esta realidad ha llevado, sobre todo en zonas rurales a buscar una vez más el sueño americano. Pero lo que han obtenido, en muchos de los casos, es violencia, degradación y hasta la muerte. ¿Cuántos cuerpos de ecuatorianos más vamos a expatriar de la frontera, entre México y Estados Unidos?
Con un mercado laboral estancado, falta de oportunidades laborales y salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, el malestar social se intensifica.
La creciente conflictividad política añade otra arista a la compleja situación. La incapacidad de los políticos para concentrarse en resolver los problemas de fondo y su tendencia a priorizar intereses partidistas sobre el bienestar común han minado la confianza en el sistema político.
El diálogo y la cooperación entre diferentes actores políticos son básicas para encontrar soluciones duraderas, pero parecen cada vez más inalcanzables.
Esta incapacidad para encontrar soluciones prácticas da pie una vez más a que trabajadores e indígenas salgan a las calles a reclamar en contra de la subida de la gasolina extra y las compensaciones propuestas a los transportistas.
Hay que recordar que en las presidencias de Lenín Moreno y la de Guillermo Lasso, las protestas paralizaron el país por el intento de eliminar o reducir los subsidios a los combustibles. Ambos mandatarios tuvieron que revertir o suavizar los ajustes.
El descontento social en Ecuador no es solo una suma de problemas económicos, sociales y políticos; es un llamado urgente a corregir y plantear soluciones coherentes de largo plazo. Se necesitan políticas que no solo busquen el equilibrio fiscal, sino que también protejan a los más desfavorecidos.