La decisión anunciada esta semana por el TAS sobre la denuncia planteada por Chile respecto de la supuesta falsedad en la documentación de identidad del defensa Byron Castillo dejó un sabor agridulce al país. Por un lado, se definió que Ecuador sí participará en el Mundial Catar 2022, pero por otro, la nación futbolera recibió sanciones.
Además, el fallo pone en duda la participación del propio jugador en el torneo que arrancará para la Tri el 20 de noviembre, con el partido ante los dueños de casa. Se conoce que los directivos de la Ecuafútbol y los integrantes del cuerpo técnico analizan la conveniencia o no de incluir al lateral derecho en la lista de jugadores con posibilidad de actuar en el evento.
Esto porque con el antecedente de lo ocurrido con Chile, no resulta descabellado que ante una eventual clasificación del equipo en la fase de grupos, surja algún reclamo por parte de algún rival, en caso de que se alinee al futbolista.
E incluso hay quienes piensan que la futura carrera del deportista, que se vislumbra brillante, puede estar en entredicho si su actual club y otros adoptan las mismas precauciones ante la posibilidad de ser objetos de reclamos similares por la participación de Castillo en sus alineaciones.
Y más allá de los argumentos de defensa ecuatorianos en relación con que un juez nacional ya dio por válidos los documentos presentados por el futbolista y ratificó su nacionalidad, el caso deja lecciones para el país y el estamento deportivo.
La principal: la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado, a fin de lograr que hechos como la suplantación o la falsificación de una identidad sean muy difíciles de lograr.
Por desgracia, la situación nacional no es esa y se conoce que las instituciones públicas son permeables a la trampa y a la corrupción. La sospecha de falsa identidad no es exclusiva
de Castillo y, en su momento, incluyó a otros jugadores.
Además, casos como la falsificación de miles de licencias, revelada el año pasado, muestran que las irregularidades son algo común en nuestro aparato público.